En la provincia de Salta, donde la gente confía en promesas de prosperidad rápida, la estafa conocida como Yomigt ha dejado un reguero de amargura.
Cientos de salteños, tentados por ganancias fáciles en criptomonedas, cayeron en la trampa de un esquema piramidal que se disfrazaba de inversión legítima. Ahora, con solo dos condenados a penas condicionales, la sensación es que la Justicia les dio un tirón de orejas en lugar de un castigo real.
Lucas Javier Echazú Carrera, el principal promotor de esta movida fraudulenta, recibió tres años de prisión condicional. Eso significa que no pisa la cárcel si se porta bien durante dos años, cumpliendo reglas básicas de conducta. ¿Es esto suficiente para alguien que organizó eventos en hoteles de lujo para captar inversores ingenuos? Parece más un reto de escuela que una sentencia por estafar a 792 personas.
Facundo Marcelo Fernández, su cómplice en la sombra, se llevó solo un año condicional con las mismas condiciones. Como partícipe secundario, ayudó a armar las reuniones y a convencer a la gente de meter plata en Yomigt. En un país donde las estafas con criptoactivos proliferan, esta condena blanda manda un mensaje equivocado: el riesgo es bajo para los timadores.
La investigación arrancó con denuncias masivas de salteños que perdieron ahorros en esta plataforma que se evaporó de un día para el otro en noviembre de 2023. Prometían arbitraje financiero y retornos jugosos, pero era puro humo. En Argentina, donde la inflación aprieta y la gente busca refugio en criptos, estos engaños pegan fuerte en provincias como Salta.
Lo peor es que Yomigt no era una app cualquiera: operaba sin autorización, sostenida por el dinero de nuevos inversores que pagaban las "ganancias" de los primeros. Un clásico esquema ponzi, pero con un toque moderno de USDT y promesas digitales. Los acusados sabían que era un fraude, pero igual lo vendieron como el sueño americano versión salteña.
Este tipo de timos, conocidos en el mundo como "pig butchering scam", empiezan con un gancho inocente y terminan vaciando bolsillos. En Salta, no fueron mensajes equivocados, sino eventos presenciales con champán y PowerPoints que convencían a familias enteras. ¿Y la Justicia? Optó por la vía abreviada, con confesiones y acuerdos que evitan juicios largos, pero también penas duras.
Las víctimas, muchas de ellas trabajadores comunes que invirtieron lo poco que tenían, ahora esperan una reparación económica con los fondos incautados en pesos, dólares y criptos. Proporcional al daño, dice el fallo. Pero, ¿quién mide el estrés, las noches sin dormir o las deudas que arrastran? En un contexto de crisis argentina, esto es un cachetazo más.
Criticar esta condena laxa no es capricho: en Salta, donde el desempleo y la pobreza aprietan, estos fraudes destruyen comunidades. Echazú, como cabecilla, armaba la fachada de negocio serio, mientras Fernández lo respaldaba. Tres años condicionales suenan a premio por confesar, no a castigo por arruinar vidas.
Si la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia hizo un laburo exhaustivo para desarmar la red, ¿por qué el final es tan tibio? En Argentina, las estafas piramidales con criptomonedas crecen como yuyos, y fallos como este no disuaden a nadie. Las víctimas merecen más que una devolución parcial; necesitan ver que la Justicia no es permeable a acuerdos blandos.
Al final, este caso de Yomigt en Salta deja una lección amarga: en la era digital, los timadores evolucionan, pero las condenas parecen estancadas en el siglo pasado. Mientras los acusados caminan libres, 792 familias salteñas lidian con las secuelas. Es hora de que la Justicia argentina apriete el acelerador contra estos piratas de las criptos, antes de que más argentinos caigan en la red.
