En febrero pasado, una jueza del Tribunal de Santiago del Estero, Olga Gay de Castellanos, fue víctima de una estafa virtual que devastó sus cuentas: dos transferencias millonarias desde su Mercado Pago sumaron $3.456.789 y $3.543.210, por casi $7 millones en total, tras caer en un engaño con una falsa promo de Flybondi publicada en un posteo de Facebook.
Los estafadores no actuaron solitarios, estaba guiada vía llamada telefónica y hasta que abrió una cuenta en el Banco Nación, para "beneficios exclusivos", que les permitió vaciarla en un santiamén.
La operatoria fue comandada desde el interior de un penal de Córdoba: allí, un preso coordinaba la maniobra. El dinero, enviado a cuentas bancarias de Salta, terminó en manos de dos mujeres oriundas de San Ramón de la Nueva Orán: María Fernanda Paulina Baldiviezo y su hija, María Magdalena Medrano, capturadas en el barrio Municipal de esa ciudad, luego de que la Policía de Delitos Económicos siguiera el rastro del botín.
El fiscal santiagueño Ángel Belluomini coordinó la investigación, con un exhorto judicial refrendado por el juez Gastón Merino, para dar con las sospechosas en Salta. Según destacan medios locales, las detenidas fueron interceptadas en Pasaje Guerrero y Los Sauces; se secuestraron celulares y documentación bancaria, y antes del mediodía ya estaban en ruta hacia Santiago del Estero, donde quedaron a disposición fiscal.
El mecanismo no es nuevo. Diversas investigaciones oficiales advierten que más del 30 % de las estafas virtuales recientes se originan con llamadas desde unidades penitenciarias argentinas. La modalidad se perfecciona con redes que reclutan a personas de confianza para mover el dinero y dificultar el rastreo.
¡Ojo! Este caso demuestra una peligrosa simbiosis entre reclusos, redes delictuales y receptores externos: un combo ilegal que dejó a una jueza sin un mango y detonó una investigación que cruzó tres provincias. Las detenidas ya están en manos de la Justicia santiagueña y su situación procesal avanza.
