Un trágico accidente laboral sacudió la cuenca petrolífera de Tartagal, en el corazón del departamento San Martín, dejando un saldo fatal. Un operador extranjero, presuntamente oriundo de Zimbabue, perdió la vida el pasado lunes en la zona conocida como La Cuchara 3, mientras realizaba tareas de búsqueda y desactivación de explosivos sísmicos, conocidos como “boosters”. El trabajador, empleado de la empresa TDI, contratada por YPF, manipulaba uno de estos artefactos cuando ocurrió una explosión que le costó la vida.
El hecho ocurrió en una de las áreas más activas de la industria hidrocarburífera del norte argentino, donde la exploración de petróleo y gas ha dejado un legado de riesgos latentes. Los boosters, pequeños dispositivos explosivos utilizados históricamente para obtener datos sismográficos, fueron enterrados hace décadas en vastas zonas de los departamentos San Martín y Orán, en la provincia de Salta. Estos artefactos, diseñados para detonar y generar ondas que permitan mapear formaciones geológicas ricas en hidrocarburos, representan un peligro constante debido a que muchos permanecen activos o semienterrados en el terreno.
La víctima, cuya identidad no fue oficialmente confirmada, formaba parte de un equipo especializado en localizar y desactivar estos explosivos. Según información recabada en la zona, el accidente se produjo durante una maniobra rutinaria, aunque las circunstancias exactas aún están bajo investigación. El estallido habría sido repentino, sin que el operador tuviera tiempo de reaccionar. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
Este incidente pone de relieve los riesgos que enfrentan los trabajadores en la industria petrolera del norte salteño, una región donde la actividad hidrocarburífera ha sido un motor económico, pero también una fuente de controversias por su impacto ambiental y los peligros asociados. En Tartagal, General Mosconi y otras localidades cercanas, la presencia de boosters abandonados es un tema que preocupa a las comunidades locales, ya que muchos de estos explosivos, sembrados en exploraciones de los años ’70 y ’80, aún no han sido completamente retirados.
La desactivación de estos artefactos es una tarea compleja que requiere personal altamente capacitado. Empresas como TDI, contratadas por gigantes como YPF, operan en terrenos muchas veces remotos y de difícil acceso, como los de la cuenca de Tartagal. La Cuchara 3, ubicada en una zona de densa vegetación y suelos irregulares, es un ejemplo de los desafíos que enfrentan los operarios. La combinación de condiciones climáticas extremas, el deterioro de los explosivos por el paso del tiempo y la presión por cumplir con plazos ajustados eleva los riesgos de accidentes.
La noticia del accidente generó conmoción en Tartagal, una ciudad que vive de cerca los altibajos de la industria petrolera. Residentes de la zona expresaron su preocupación por la falta de información oficial y la lentitud en las tareas de limpieza de boosters. “Acá todos sabemos que esos explosivos están por ahí, pero nadie dice nada hasta que pasa algo como esto”, comentó un vecino de la zona, quien prefirió no dar su nombre. La tragedia reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en estas operaciones y la necesidad de un mapeo exhaustivo de los explosivos abandonados.
En los últimos años, Salta ha intensificado los esfuerzos para mitigar los riesgos asociados a los boosters sísmicos. Sin embargo, la magnitud del problema es considerable. Se estima que miles de estos dispositivos aún permanecen diseminados en los departamentos del norte, muchos de ellos en áreas cercanas a comunidades rurales o incluso en terrenos agrícolas. La falta de registros precisos de las exploraciones realizadas décadas atrás complica las tareas de localización y desactivación, dejando a los trabajadores expuestos a situaciones de alto riesgo.
El accidente también pone en foco la presencia de operarios extranjeros en la industria local. Si bien no es inusual que empresas contraten personal especializado de otros países para tareas técnicas, este caso resalta la necesidad de garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su origen, reciban la capacitación adecuada y operen bajo condiciones seguras. En Tartagal, donde la actividad petrolera ha atraído a trabajadores de diversas partes del mundo, la integración de estos equipos con las comunidades locales es otro aspecto que requiere atención.
Desde el punto de vista económico, la cuenca petrolífera de Salta sigue siendo un pilar para la región, generando empleo y atrayendo inversiones. Sin embargo, tragedias como esta recuerdan que el desarrollo económico no puede ir en detrimento de la seguridad de los trabajadores ni de la protección del entorno. Organizaciones ambientalistas y gremiales han señalado en el pasado la necesidad de controles más estrictos y de una mayor transparencia en las operaciones de las empresas contratistas.
A medida que las autoridades investigan las causas del accidente, la comunidad de Tartagal espera respuestas claras y medidas concretas para prevenir que hechos como este se repitan. La desactivación de boosters sísmicos, aunque esencial para la seguridad de la región, no puede seguir cobrándose vidas. La tragedia de La Cuchara 3 es un doloroso recordatorio de los riesgos que persisten en el corazón petrolero de Salta y de la urgencia de abordar este problema con seriedad y compromiso.
Mientras tanto, la memoria del operador fallecido, lejos de su tierra natal, queda como un símbolo de los sacrificios que implica trabajar en una industria tan exigente. En Tartagal, la vida sigue, pero el eco de la explosión resuena como un llamado a la acción para garantizar que el progreso no se construya sobre pérdidas humanas.
