En dialogo con Agenda/Salta, la abogada Sandra Domene, defensora de la presidenta del Concejo Deliberante de Gral. Güemes, Liliana Santillán, relató los escalofriantes detalles de las amenazas que ha recibido en las últimas semanas. La situación ha causado gran preocupación debido a la gravedad de los hechos, los actores involucrados y su implicación directa con las autoridades de la provincia.
Domene explicó que las amenazas comenzaron mientras representaba a una víctima en una causa que se lleva a cabo en una fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual en la ciudad de Salta. El imputado, oriundo de General Güemes, empezó a planear un complot que implicaba amenazas tanto hacia la abogada como hacia la víctima. La abogada tomó conocimiento de este plan a través de la secretaria de la víctima, quien reveló que estaban tratando de contactar a otra persona relacionada con el caso. Esta revelación llevó a Domene a indagar más y descubrir que el "procurador" mencionado en la conversación era el ex defensor del imputado, lo que generó una conexión alarmante.
En una conversación telefónica grabada, el imputado confesó los detalles del complot, mencionando planes de secuestro, tortura y abuso hacia la víctima, así como amenazas graves contra la abogada. Incluso hizo referencia a la posibilidad de hacerle daño a su hijo para evitar que saliera la noticia en los medios. Domene registró estas amenazas y presentó las grabaciones como pruebas en la Fiscalía Penal.
Las amenazas no se limitaron a llamadas telefónicas. La abogada también informó de la presencia de personas sospechosas cerca de su domicilio, incluso llegando a su puerta y pidiendo comida, aunque aparentaban estar bien vestidas y llevaban zapatillas nuevas. Domene sospecha que estas personas fueron enviadas para verificar su residencia y, posiblemente, ejecutar el plan de secuestro. Ante esta situación, la abogada decidió denunciar el caso en un diario local para proteger a su hijo.
Durante la entrevista, Domene reveló la posible implicación de varias autoridades en esta trama que llega incluso hasta los familiares directos del gobernador Gustavo Sáenz. Según sus declaraciones, el imputado afirmó tener información privilegiada sobre expedientes y causas judiciales, a pesar de no trabajar en la ciudad judicial. Además, mencionó al actual procurador de la provincia, el Dr. Pedro García Castiella, y su relación con el imputado y otros actores involucrados en el caso. También señaló la participación de una fiscalía local en la liberación de los bienes del imputado durante una mudanza, lo que generó mayores sospechas sobre posibles complicidades.
Así también, la letrada mostró preocupación por la forma en que el imputado tenía acceso a información interna de la fiscalía y cómo sabía de futuras denuncias y pericias. Todo esto apunta a una posible asociación entre el imputado y el contador Córdoba, esposo de la presidenta del Concejo Deliberante de General Güemes.
Antes de finalizar la entrevista, y consultada sobre si es posible pensar que en Salta funciona una mafia judicial, Domené fue categórica al señalar: “Estoy convencida de que así sucede”, y dio como ejemplos otras causas en las que también hubo maniobras por parte de acusados con vínculos cercanos al poder de turno, o a las fuerzas de seguridad, así como a la justicia.
