La Justicia de Salta condenó a un hombre mayor de edad a 10 años de prisión efectiva tras encontrarlo culpable de seis hechos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente. El fallo incluyó la unificación con una condena anterior, lo que agravó su situación judicial y dejó firme una pena única de cumplimiento efectivo.
La sentencia fue dictada por la jueza Cecilia Flores Toranzos, quien tuvo a su cargo el desarrollo del juicio. En una primera instancia, se le impuso una pena de ocho años de prisión, pero luego se resolvió unificarla con una condena previa que pesaba sobre el acusado, fijando finalmente una pena de diez años.
Durante el debate, la fiscal penal interina Celina Morales Torino, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), logró acreditar que el acusado abusó de la víctima en al menos seis oportunidades entre los años 2018 y 2022, cuando la joven aún era menor de edad.
De acuerdo a lo expuesto en el juicio, el condenado mantenía un vínculo cercano con la víctima en el marco de una iglesia evangélica ubicada en la capital salteña. En ese contexto, y aprovechando la relación de confianza construida dentro del ámbito religioso, habría cometido los abusos en reiteradas ocasiones.
El dato de que el acusado es hijo de un pastor de esa congregación fue considerado relevante durante el proceso, ya que habría facilitado el acercamiento con la víctima y el entorno de confianza en el que se produjeron los hechos. Sin embargo, por disposición judicial, no se difundieron detalles que permitan identificar a la menor ni a la institución, con el fin de resguardar su intimidad.
La investigación también tuvo en cuenta un antecedente penal del acusado. En 2023, ya había sido condenado por el delito de estupro, lo que fue incorporado al análisis del caso y derivó en la unificación de penas. Este punto resultó determinante al momento de fijar la condena final.
En su alegato, la fiscalía había solicitado una pena de diez años de prisión por los hechos juzgados y la unificación con la condena anterior en un total de doce años. No obstante, el tribunal resolvió establecer una pena única de diez años de prisión efectiva.
El fallo vuelve a poner en evidencia la gravedad de los delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad y los hechos se producen en ámbitos donde debería primar la confianza y la contención. En este tipo de casos, la intervención de la Justicia resulta clave para garantizar la protección de las víctimas y sancionar a los responsables.
En Salta, este tipo de causas ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años, con un incremento en las denuncias y en la actuación de unidades especializadas. Desde el ámbito judicial remarcan la importancia de denunciar este tipo de situaciones, ya que muchas veces los abusos ocurren en entornos cercanos y permanecen ocultos durante largos períodos.
El caso juzgado refleja además la complejidad de estos delitos, donde intervienen factores como la relación de poder, la cercanía y la vulnerabilidad de las víctimas. La condena dictada busca no solo sancionar los hechos comprobados, sino también enviar un mensaje claro sobre la gravedad de este tipo de conductas.
Mientras tanto, el condenado deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario, quedando a disposición del sistema judicial. La causa se cierra con una sentencia firme que marca un precedente en la lucha contra los delitos sexuales en la provincia.
