En el corazón del norte salteño, donde la ruta 86 serpentea entre Tartagal y Tonono, una red de delincuentes opera con una desfachatez que deja en evidencia las fallas del sistema.
Estos grupos, que se escudan detrás de caras visibles de comunidades originarias vecinas, irrumpen en propiedades privadas rompiendo alambrados y saqueando madera valiosa como quebracho y cebil. Lo que empezó como denuncias aisladas por usurpaciones y talas ilegales se ha convertido en un verdadero caos, con incendios provocados y amenazas que ponen en jaque la seguridad de dueños y trabajadores. Y lo peor: la Justicia parece mirar para otro lado, con respuestas tan tibias que alimentan la impunidad.
Las fincas afectadas, como la de Aliki bajo la matrícula 21816 en el departamento San Martín, no son terrenos cualquiera. Gran parte de su extensión es monte protegido, vital para frenar la erosión y preservar los escurrimientos de agua en una zona ya castigada por el cambio climático. Pero estos delincuentes no discriminan: entran con camiones, tractores y motosierras, cargando rollizos sin un papel que los avale, directo a aserraderos clandestinos. Es un negocio redondo que no solo viola la propiedad privada, sino que golpea de lleno al ambiente, dejando suelos expuestos y ecosistemas en ruinas. En Salta, donde la deforestación ilegal es un problema crónico, esto no debería sorprender, pero la escala de la operatoria sí alarma.
Desde septiembre de 2024, las denuncias se acumulan en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal: al menos media docena por usurpación, robo de madera, abuso de armas, amenazas y hasta intentos de homicidio. Presentadas por encargados y apoderados legales de las empresas damnificadas, estas quejas detallan hechos que se repiten con una audacia creciente. Sin embargo, la respuesta judicial ha sido un fiasco total, con investigaciones que avanzan a paso de tortuga y ninguna medida concreta para detener el avance de estos grupos. Es como si el Código Penal fuera papel mojado en estas latitudes, donde el "Far West" no es una película, sino la cruda realidad diaria.
La inacción de la Justicia no es solo negligencia; es un peligro inminente para vidas humanas. En las últimas presentaciones, se advierte que la estructura criminal ha expandido su zona de influencia, invadiendo más profundo en las fincas y sustrayendo madera con vehículos ya identificados en denuncias previas. ¿Cómo es posible que un camión o un tractor señalado una y otra vez siga circulando libremente? Esto huele a organización estable, con logística aceitada y, quizás, connivencias que nadie investiga. En Argentina, donde la corrupción judicial es un tema recurrente, casos como este en Salta erosionan la confianza en las instituciones.
Criticar esta laxa respuesta no es exagerado: es necesario. Mientras los delitos se vuelven más violentos, con robos calificados en banda y en despoblado, la Fiscalía a cargo parece priorizar el archivo antes que la acción. Los damnificados claman por protección, pero reciben silencio o trámites burocráticos que dilatan todo. En un país que se jacta de avances ambientales, permitir que montes protegidos sean arrasados sin consecuencias es un retroceso brutal. Salta, con su riqueza natural, no puede permitirse esta pasividad que beneficia a unos pocos a costa del bien común.
El impacto va más allá de lo económico para los propietarios. Estamos hablando de un daño ambiental irreversible en áreas clave para la biodiversidad y el control de inundaciones. Si la Justicia no actúa con firmeza, pronto veremos más erosión, menos agua y comunidades enteras afectadas. Es hora de que los fiscales salteños despierten y apliquen la ley con rigor, en lugar de dejar que la impunidad se instale como norma. Denuncias hay de sobra; lo que falta es voluntad para procesarlas.
Finalmente, este escándalo en la ruta 86 es un espejo de problemas mayores en el norte argentino: deforestación rampante, robos organizados y una Justicia que, por floja o sobrecargada, falla en su rol protector. Si no se revierte esta tendencia, el mensaje es claro: en Salta, delinquir con madera ilegal sale barato. Urge una intervención que ponga fin a esta barbarie, antes de que el monte desaparezca y la violencia se desborde por completo.
