Todo arrancó en marzo del año pasado cuando gendarmes del Escuadrón 21 pararon a dos empleados jujeños de la empresa que volvían caminando desde Villazón. Les encontraron 22.638.550 pesos en efectivo y un celular que, según los investigadores, terminó siendo clave para reconstruir la maniobra.
La hipótesis fiscal es que unos días antes, el 7 de marzo, esos mismos changos habían cruzado al menos quince medias reses en dos viajes, de mañana y de tarde, por un paso no habilitado cerca del puente internacional. La carne se habría bajado a metros de la línea y el pago lo cobraron después, cuando los agarraron volviendo.
Los mensajes del teléfono no dejan mucho lugar a dudas, según el Ministerio Público: “Recién cargamos 15 medias”, “Vamos a descargar”, “Con carne”, y hasta un “A pie están gendarmes” que mandó la pareja de uno de los imputados. Además rastrearon el GPS del camión Iveco de la empresa que coincide con los horarios.
Ya en junio habían imputado a César Fatti y Marcos Saavedra, los dos empleados. El viernes pasado, en una audiencia ante el juez federal interino Eduardo Hansen, la fiscal Lucía Orsetti sumó el agravante porque el monto supera los tres millones y metió en la misma bolsa a Dosan Inversiones SRL como responsable solidaria.
Respuesta
Desde la empresa, que tiene carnicerías en Salta capital, Orán, Tartagal y también en La Quiaca, cayeron de la cama con la noticia. El abogado Daniel Villagra, que representa al titular, dijo que se enteraron de la imputación por una foto de WhatsApp y que nunca les llegó ninguna notificación formal.
“Esa plata es la recaudación de la carnicería de La Quiaca, está todo respaldado con tickets fiscales y declarado en AFIP. Al otro día del secuestro ya presentamos la documentación”, explicó Villagra. Según él, los empleados llevaban el dinero a sus casas –que quedan del lado argentino pero cerquita– porque en la frontera roban mucho.
El letrado insistió en que cruzar a Villazón a comprar o por cualquier cosa es el pan de cada día en La Quiaca. “La gente va y viene desde siempre, antes porque en Bolivia salía más barato, ahora al revés. Que crucen no los hace contrabandistas”, tiró.
Además recordó que la empresa está suspendida para exportar desde 2022 por una deuda de tasas aduaneras, pero eso no tiene nada que ver con vender carne al mostrador en pesos argentinos. “Si la carne se hubiera vendido en Bolivia, ¿por qué traían pesos argentinos?”, preguntó.
Villagra admitió que él es abogado civil, no penalista, pero igual se plantó: “Acá no hay contrabando, hay una recaudación en blanco que la gendarmería encontró porque los chicos la llevaban a casa por seguridad. Punto”.
Por ahora el juez dio por formalizada la imputación a la empresa y mantuvo las medidas contra los empleados: prohibición de salir del país y presentaciones quincenales. Dosan tendrá que designar pronto un penalista en Jujuy para regularizar su situación y pedir el expediente completo.
En Salta el caso ya es comentario en los grupos de puesteros y carniceros. Muchos dicen que en la frontera norte este tipo de controles terminan complicando a los que laburan legal, mientras los que realmente mueven toneladas por pasos clandestinos siguen operando tranquilos.
Lo cierto es que la causa sigue adelante y, hasta que no devuelvan los 22 millones o no se caiga la imputación, Dosan Inversiones –una empresa salteña conocida en el rubro– va a seguir en el ojo de la tormenta por una frontera que, como siempre, separa y une al mismo tiempo.
