El norte de Salta volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras la imputación por contrabando agravado al ex diputado provincial Luis Gerónimo Cisneros. El ex legislador del departamento General San Martín fue detenido en un operativo que también alcanzó a tres choferes, un asesor legal y el encargado de un depósito, todos acusados de integrar una red que habría traficado granos hacia Bolivia por un volumen cercano a los 15 millones de kilos.
La investigación está en manos de la fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal. Tras meses de seguimiento, el caso fue formalizado el viernes pasado ante la jueza federal de Garantías de esa ciudad, Ivana Hernández, quien dio lugar a la imputación por contrabando agravado debido a la cantidad de intervinientes y al elevado monto económico de las operaciones.
Prisión preventiva y nuevas medidas
A pedido de la fiscalía, la magistrada resolvió dictar la prisión preventiva para Cisneros y otros cuatro coimputados, además de autorizar pericias clave que apuntan a profundizar la investigación sobre la ruta de los granos. En paralelo, se dispuso la captura nacional e internacional de Pablo Arequipa, señalado como socio del ex legislador en las maniobras ilícitas.
La decisión judicial marca un avance importante en un expediente que viene creciendo en volumen probatorio desde el año pasado, cuando los primeros informes internos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero encendieron las alarmas.
Cómo funcionaba la red
Según la hipótesis fiscal, la organización utilizaba documentación apócrifa para respaldar supuestas operaciones de transporte y exportación de granos. Estas maniobras se realizaban de manera reiterada y tenían como común denominador a una empresa vinculada directamente a Cisneros.
Los camiones partían desde depósitos locales con cargamentos de soja y maíz que, en los papeles, aparecían con destino a mercados formales dentro del país. Sin embargo, el seguimiento posterior demostraba que cruzaban la frontera con Bolivia a través de pasos no habilitados, evitando controles aduaneros y generando un perjuicio millonario al Estado argentino.
La cifra estimada por la investigación es contundente: alrededor de 15 millones de kilos de granos habrían sido contrabandeados en el marco de esta red.
