Un operativo policial en plena tarde del miércoles 19 terminó con cuatro hombres detenidos y posteriormente imputados por un grave hecho de robo de madera en una finca ubicada en el kilómetro 10 de la ruta nacional 86, en Tartagal. La maniobra fue descubierta por el encargado del lugar, quien dio aviso inmediato a la Policía Rural al detectar que personas desconocidas habían cortado el alambrado perimetral para ingresar al predio con motosierras y comenzar a talar árboles de manera ilegal.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó de forma provisional a los cuatro detenidos como coautores del delito de robo en despoblado y en banda, una figura agravada en el Código Penal por la modalidad delictiva y el uso de herramientas para la sustracción. Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que los acusados permanezcan detenidos mientras continúan las medidas de investigación.
El hecho se registró en una zona rural donde la tala indiscriminada y el robo de productos forestales suelen ser problemáticas recurrentes. Según el relato del encargado, el grupo habría ingresado por un sector alejado del ingreso principal cortando el alambrado, para luego avanzar hacia el interior del predio con motosierras y comenzar a tumbar árboles. La madera era cargada rápidamente en dos acoplados, lo que indica una logística planificada para sacar el material en cuestión de minutos.
Al recibir el aviso, efectivos de la Policía Rural se dirigieron al lugar y sorprendieron a los cuatro hombres en flagrancia. Estaban operando las motosierras y trasladando los troncos hacia los acoplados cuando la patrulla irrumpió en el sector. Minutos después llegó apoyo de personal de Infantería para asegurar el área y garantizar la detención de los involucrados, quienes no ofrecieron resistencia. En el procedimiento se secuestraron dos motosierras, los dos acoplados cargados parcialmente con madera y una motocicleta de alta cilindrada que habría sido utilizada para ingresar al predio o para tareas de vigilancia.
La rápida intervención policial evitó que la maniobra se completara y permitió preservar evidencia clave. La tala ilegal no solo constituye un delito patrimonial, sino que también genera un impacto ambiental considerable en zonas rurales donde la presión sobre los recursos naturales ya es alta. En el caso de Tartagal, la extracción clandestina de madera es una problemática que las autoridades vienen señalando desde hace varios años, dado su vínculo con redes de acopio informal y comercialización sin control.
El fiscal Medina explicó que se encuentran en curso numerosas medidas para esclarecer completamente el hecho. Entre las diligencias ordenadas están el relevamiento del lugar, la identificación de posibles cómplices, la verificación de la procedencia de los vehículos utilizados y el análisis del daño forestal provocado. También se solicitaron informes periciales sobre las especies arbóreas taladas, el volumen estimado de madera extraída y el valor económico del material sustraído, elementos que serán clave para determinar el monto del perjuicio.
Además, se tomarán declaraciones testimoniales al encargado de la finca, a vecinos de la zona y a todo el personal policial interviniente. No se descarta que la investigación derive en nuevas imputaciones si se comprueba que los cuatro hombres actuaban como parte de una estructura más amplia dedicada al robo de madera en la región.
El robo en despoblado y en banda es una figura que la Justicia suele aplicar en este tipo de maniobras rurales, donde la ausencia de viviendas cercanas y el trabajo coordinado de varios sujetos facilita la comisión del delito. La Fiscalía busca avanzar con rigor sobre estos casos para desalentar prácticas que afectan tanto al patrimonio privado como al ambiente.
Por el momento, los cuatro imputados permanecen a disposición del Juzgado de Garantías, a la espera de resoluciones sobre su situación procesal. Mientras tanto, la investigación continúa en manos del fiscal Medina, quien insistió en la importancia de llegar al fondo de la maniobra e identificar a todos los involucrados. El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles en zonas rurales de Tartagal, donde la tala y extracción clandestina siguen siendo un desafío para las autoridades.
