La muerte de Agustín Herrera, un adolescente de 17 años de Tartagal, derivó en la imputación de cuatro médicos del hospital Juan Domingo Perón por el delito de homicidio culposo por mala praxis, en calidad de coautores. La investigación judicial determinó que el joven falleció como consecuencia de una sepsis generalizada provocada por una peritonitis que no fue diagnosticada ni tratada oportunamente.
Los profesionales imputados son Araceli Gorgal y Antonio Padilla, ambos médicos clínicos; Alejandro Zerpa, cirujano; y Juan Manuel Farachi, anestesiólogo. De acuerdo con el decreto de imputación, las conductas atribuidas a cada uno habrían contribuido de manera directa al desenlace fatal del paciente, quien fue atendido en reiteradas oportunidades sin que se adoptaran las medidas médicas adecuadas frente a un cuadro compatible con abdomen agudo.
Según consta en la causa, Agustín acudió al hospital en más de una ocasión por intensos dolores abdominales. En las primeras consultas fue evaluado por los médicos clínicos, quienes le indicaron analgésicos, medicación para los vómitos y reposo domiciliario. Sin embargo, el dolor persistió y el estado general del joven se fue deteriorando con el paso de los días.
El decreto judicial señala que la primera médica que lo atendió no dejó constancia de su intervención en la historia clínica, una omisión considerada grave dentro de los protocolos médicos. La falta de registros impidió un seguimiento adecuado del paciente, pese a tratarse de un adolescente con síntomas compatibles con un cuadro quirúrgico urgente.
Al día siguiente, ante la persistencia del dolor y la aparición de fiebre, vómitos y diarrea, Agustín regresó al hospital. En esa oportunidad, el segundo médico clínico tampoco habría cumplido con los protocolos establecidos, ya que no se registraron controles de signos vitales ni se realizó un seguimiento médico continuo durante varias horas, a pesar de la gravedad del cuadro.
Cuatro días después del inicio de los síntomas, el joven fue finalmente internado. Para ese momento, su estado era crítico y se decidió que debía ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. No obstante, la cirugía fue postergada hasta el lunes siguiente, una decisión que, según la investigación, resultó determinante en la evolución negativa del paciente.
Cuando finalmente fue evaluado por el cirujano de guardia, ya habían transcurrido varias horas desde que el caso había sido puesto en su conocimiento. El decreto de imputación sostiene que no se realizaron los estudios prequirúrgicos básicos ni la valoración preanestésica correspondiente antes de avanzar con la intervención.
La situación se agravó aún más durante la preparación para la cirugía. El anestesiólogo imputado habría administrado anestesia sin contar con los estudios previos necesarios y utilizando un tipo de anestesia que, de acuerdo con las guías médicas vigentes, está contraindicada en pacientes con shock séptico avanzado. Durante el procedimiento, Agustín sufrió un paro cardiorrespiratorio del que fue reanimado, aunque su estado siguió siendo extremadamente delicado.
El adolescente falleció horas después, producto de una falla multiorgánica derivada de la sepsis. Los informes forenses confirmaron que el origen del cuadro fue una apendicitis aguda que no recibió tratamiento oportuno, lo que derivó en la infección generalizada.
La causa generó una fuerte conmoción en Tartagal y reavivó el debate sobre la atención sanitaria en el norte provincial, especialmente en situaciones de urgencia. Para la familia de Agustín, el proceso judicial representa la búsqueda de justicia por una muerte que, según la investigación, podría haberse evitado con una atención médica adecuada y a tiempo.
Mientras avanza la causa penal, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la responsabilidad profesional en el sistema de salud pública de Salta y la importancia de cumplir con los protocolos médicos para evitar desenlaces trágicos, especialmente cuando se trata de pacientes jóvenes.
