El exintendente de San Carlos, Héctor Raúl Vargas, fue imputado provisionalmente por la Justicia salteña en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y bienes de la Municipalidad. Entre los hechos bajo análisis se encuentran retiros de dinero por un total de $64.449.000, operaciones vinculadas con un loteo social y el destino de fondos nacionales destinados a un proyecto productivo para familias de la localidad.
La acusación fue formalizada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que atribuyó al exjefe comunal, en carácter provisional, los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos hechos de falsedad ideológica de documento público, todos en concurso real.
Durante la audiencia de formalización de la investigación penal, Vargas estuvo acompañado por un abogado particular y decidió ejercer su derecho a no declarar ni responder las preguntas formuladas por la Fiscalía.
La investigación comenzó a partir de distintas denuncias presentadas entre 2023 y 2024, relacionadas con la administración de recursos públicos durante el período en que Vargas estuvo al frente de la Municipalidad de San Carlos.
Uno de los principales puntos investigados está relacionado con la compra de un terreno destinado a un loteo social. Según surge de la investigación, en julio de 2021 el entonces intendente habría adquirido a nombre del municipio un inmueble de aproximadamente tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados, identificado con la matrícula 2608, por la suma de $15 millones.
La denuncia fue presentada en mayo de 2023 por un concejal de San Carlos, quien cuestionó que la operación se hubiera realizado sin contar con la autorización correspondiente del Concejo Deliberante. También señaló que, pese a los pedidos de informes realizados posteriormente, la documentación vinculada con la compra recién habría sido remitida en abril de 2023.
El análisis realizado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) permitió determinar que, posteriormente, por la venta de los lotes se registró el ingreso de $16.883.100.
De ese monto, $15 millones fueron destinados a cancelar la adquisición del inmueble. Sin embargo, los investigadores no encontraron documentación que permitiera establecer qué ocurrió con los $1.883.100 restantes.
La pesquisa también habría detectado que la adquisición del terreno no cumplió con todas las exigencias previstas por el régimen de contrataciones y que tampoco se habrían registrado de manera completa las distintas etapas presupuestarias correspondientes a la operación.
La situación se extendió además a la posterior comercialización de los terrenos. De acuerdo con la Fiscalía, la Municipalidad tampoco habría contado con la autorización exigida por el Concejo Deliberante para concretar la venta de los lotes.
A esto se sumó la falta de documentación relacionada con los compradores. Según la investigación, la comuna no aportó los legajos individuales de quienes adquirieron los terrenos ni un acto administrativo que estableciera cuáles eran los requisitos y procedimientos para seleccionar, evaluar y adjudicar los lotes.
Otro de los aspectos que generó cuestionamientos fue la información consignada en resoluciones municipales vinculadas con el loteo.
En dos resoluciones firmadas durante la gestión de Vargas se habría dejado constancia de que el proyecto contaba con matrículas individuales, planos de calles, ochavas, espacios verdes y sectores institucionales, además de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social y servicios o factibilidad para su provisión.
Sin embargo, durante una inspección realizada en el lugar, los investigadores encontraron un escenario diferente. El terreno se encontraba vacío y los lotes estaban delimitados de manera precaria mediante palos. Además, no contaba con servicios de agua, energía eléctrica ni cloacas.
Los informes solicitados posteriormente a diferentes organismos tampoco permitieron confirmar parte de la información consignada en las resoluciones municipales.
Entre otros puntos, se estableció que una solicitud de factibilidad presentada ante EDESA había quedado anulada debido al vencimiento del plazo. Tampoco se encontraron antecedentes que acreditaran la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social para el loteo.
Asimismo, no se habría presentado ante el COPAIPA un proyecto correspondiente al desarrollo urbanístico investigado.
Estos elementos llevaron a la Fiscalía a imputar provisionalmente a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público, al considerar que en las resoluciones municipales se habrían incorporado datos que no se correspondían con la situación constatada posteriormente.
Pero la investigación también puso bajo la lupa fondos provenientes del Estado nacional.
El 5 de diciembre de 2023 se presentó otra denuncia contra el exintendente, esta vez relacionada con el destino de dinero recibido por la Municipalidad para llevar adelante un proyecto productivo destinado a 20 familias del paraje San Rafael.
Según la documentación analizada, el municipio había recibido $9.482.369,75 en aportes no reintegrables correspondientes al Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL). El dinero debía ser destinado a agricultores familiares de esa zona.
Sin embargo, durante la investigación no se logró reconstruir el destino de esos fondos. Los investigadores no encontraron órdenes de pago ni comprobantes suficientes que permitieran determinar cómo fueron utilizados los casi $9,5 millones.
Además, el organismo nacional correspondiente informó que no existían registros de una rendición de cuentas relacionada con esos recursos.
La situación también fue denunciada el 25 de marzo de 2024 por María del Carmen Vargas, quien había asumido como intendenta de San Carlos en diciembre de 2023. Según expuso, al tomar posesión del cargo no encontró en las cuentas bancarias municipales ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo.
También señaló que el terreno destinado al proyecto no contaba con servicios de agua ni electricidad y que tampoco disponía del plano de organización mencionado en la documentación municipal. En esa presentación aportó además documentación vinculada con el proyecto productivo del paraje San Rafael.
A partir del análisis de los movimientos bancarios surgió otro de los hechos centrales de la investigación: 18 retiros realizados mediante cheques de pago diferido desde una cuenta corriente de la Municipalidad de San Carlos.
El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que durante la gestión de Vargas se retiraron fondos en distintas sucursales del Banco Macro por un monto acumulado de $64.449.000.
En todos los casos, la Municipalidad de San Carlos figuraba como beneficiaria de los cheques. Sin embargo, según la información aportada por la propia comuna, no existe documentación respaldatoria que permita establecer cuál fue el destino concreto de esos fondos.
Este punto forma parte de los hechos que la Fiscalía analiza bajo la figura de peculado, al igual que otras presuntas irregularidades detectadas durante el avance de la investigación.
La causa continúa en etapa de investigación penal y la imputación contra Vargas es provisional. La Fiscalía deberá profundizar el análisis de la documentación administrativa, bancaria y contable para determinar el destino de los fondos cuestionados y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
Por ahora, uno de los principales interrogantes de la investigación gira en torno al destino de más de $64 millones retirados de una cuenta municipal, además de los fondos obtenidos por el loteo social y los casi $9,5 millones enviados desde Nación para un proyecto productivo en San Rafael.
El proceso judicial continuará con nuevas medidas destinadas a reconstruir las operaciones realizadas durante la gestión del exintendente y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la Municipalidad de San Carlos.
