Dos ciudadanos bolivianos permanecerán con prisión preventiva durante 80 días, acusados de haber intentado sacar de manera clandestina una aeronave desde el norte de Salta hacia Bolivia. La causa, que lleva adelante la Justicia Federal, investiga una presunta maniobra de contrabando y no descarta que detrás del hecho exista una organización dedicada al tráfico aéreo ilícito en la zona de frontera.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, a pedido de la fiscal federal subrogante de Tartagal, Lucía Orsetti, tras una investigación impulsada por la Sección de Investigaciones Antidrogas "Aguaray" de Gendarmería Nacional.
La pesquisa comenzó el pasado 9 de julio, cuando efectivos de Gendarmería detectaron el aterrizaje de una aeronave Cessna 210 en el aeródromo de General Mosconi. Durante los primeros controles surgieron inconsistencias que despertaron las sospechas de los investigadores.
De acuerdo con la causa, los ocupantes del avión brindaron versiones diferentes sobre el origen del vuelo. Mientras uno aseguró que provenían de Paraná, el otro indicó que habían partido desde Santiago del Estero. A ello se sumó que el piloto habilitado para esa matrícula no coincidía con ninguna de las personas que viajaban en la aeronave.
Frente a esas irregularidades, los investigadores iniciaron un seguimiento controlado que permitió establecer que los tripulantes abandonaron el aeródromo en un remís y se hospedaron en un hotel de General Mosconi.
Con esos elementos, al día siguiente el Juzgado Federal autorizó un allanamiento en el alojamiento donde fueron encontrados dos ciudadanos bolivianos oriundos del departamento de Beni. Según la investigación, ambos habrían ingresado previamente al país de manera irregular.
Durante el procedimiento fueron detenidos y se secuestraron tres teléfonos celulares, que ahora son sometidos a pericias con el objetivo de recuperar información que permita avanzar sobre la posible existencia de otros involucrados en la maniobra.
En la audiencia de imputación, la Fiscalía les atribuyó los delitos de ejercicio ilegal de la actividad aeronáutica y tentativa de contrabando de exportación agravado. La hipótesis sostiene que los acusados pretendían trasladar ilegalmente hacia Bolivia una aeronave Cessna 210 valuada en aproximadamente 150.000 dólares utilizando una ruta aérea no habilitada.
Tras analizar los elementos reunidos hasta el momento, el juez hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 80 días. Ambos imputados cumplirán esa medida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III mientras continúa la investigación.
Uno de los principales ejes de la causa apunta a determinar si los detenidos actuaban por cuenta propia o integraban una estructura criminal dedicada al traslado clandestino de aeronaves en la frontera norte. Los investigadores sospechan que los acusados no eran los compradores finales del avión, sino que cumplían un rol específico dentro de una organización de mayor alcance.
Las primeras pericias sobre los teléfonos secuestrados habrían permitido detectar conversaciones relacionadas con la prueba de la aeronave y contactos con otras personas que ahora también forman parte de la investigación.
En paralelo, la Justicia analiza la participación de un piloto oriundo de Córdoba, quien, según surge de la investigación, habría sido el encargado de trasladar la aeronave hasta General Mosconi antes de retirarse del lugar. Su eventual vinculación con la maniobra todavía es materia de análisis y, por el momento, no fue imputado en la causa.
Los investigadores también intentan reconstruir el recorrido completo de la aeronave, identificar quién financió la operación y establecer quiénes serían los destinatarios finales del avión una vez que cruzara la frontera.
El análisis del contenido de los teléfonos celulares será clave para determinar si existen conexiones con otras maniobras similares ocurridas en el norte argentino y para identificar a posibles integrantes de la organización que aún no fueron localizados.
La investigación también puso el foco sobre los antecedentes de uno de los detenidos. Según consta en la causa, uno de los imputados había sido condenado en Paraguay a 20 años de prisión por integrar la tripulación de una aeronave en la que fueron secuestrados 440 kilos de cocaína en un procedimiento realizado en 2012. Tras cumplir parte de esa condena, fue expulsado hacia Bolivia.
Para los investigadores, ese antecedente constituye un elemento de relevancia al momento de evaluar el contexto de la maniobra que ahora se investiga en territorio salteño.
El caso volvió a poner en agenda la problemática del control del espacio aéreo en la frontera norte, una región donde en los últimos años se registraron distintos episodios vinculados a vuelos clandestinos y aeronaves utilizadas para actividades ilegales. Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la Justicia busca determinar el verdadero alcance de la organización que habría intentado sacar ilegalmente una aeronave desde Salta hacia Bolivia.
