Un nuevo caso de violencia de género tuvo resolución judicial en la provincia de Salta, con una condena firme dictada contra un hombre mayor de edad por una serie de delitos cometidos en el ámbito familiar. El hecho ocurrió en la localidad de Coronel Moldes y expuso una situación prolongada de agresiones, amenazas y sometimiento que se desarrolló dentro del hogar que el acusado compartía con su pareja.
La sentencia fue dictada por la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, luego de un debate oral y público en el que se analizaron pruebas testimoniales, informes médicos y documentación oficial. El acusado fue declarado culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, amenazas y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
El episodio central que llevó al imputado a juicio ocurrió durante la madrugada del 24 de marzo, en una vivienda ubicada en el paraje El Préstamo, zona rural de Coronel Moldes. De acuerdo a lo que quedó acreditado en el proceso, el hombre llegó al domicilio familiar y, tras una discusión, agredió físicamente a quien era su pareja, provocándole lesiones que posteriormente fueron constatadas por personal médico.
Pero la agresión no se limitó al ataque físico. Durante ese mismo hecho, el acusado profirió amenazas contra la mujer, generándole un profundo temor por su integridad. Ese miedo se vio agravado por la presencia de un arma de fuego en la vivienda, situación que llevó a la denunciante a tomar la decisión de ocultarla, ante el riesgo concreto de que pudiera ser utilizada en su contra.
Durante el juicio, la Fiscalía logró reconstruir no solo ese episodio puntual, sino también un contexto más amplio de violencia sostenida en el tiempo. Se acreditó que la mujer fue sometida de manera reiterada a maltratos, humillaciones y un trato degradante, configurando una relación claramente asimétrica de poder, uno de los elementos centrales para encuadrar el caso dentro de la violencia de género.
Los testimonios de vecinos resultaron clave para reforzar la acusación. Uno de ellos relató que, en la noche del hecho, mientras descansaba junto a su familia, escuchó ruidos de vidrios que se rompían. Al salir de su vivienda para ver qué ocurría, logró escuchar los gritos de auxilio de la mujer, en un momento en el que el agresor se daba a la fuga del lugar.
Otro testigo aportó un relato aún más contundente al declarar que escuchó claramente los pedidos de ayuda y llegó a observar cómo el acusado ejercía violencia física contra la víctima. Estos testimonios coincidieron con el relato de la denunciante y con los informes incorporados a la causa, fortaleciendo el cuadro probatorio.
En el marco de la investigación, también se comprobó que el hombre tenía en su poder un arma calibre .22 sin contar con la debida autorización legal. Según el informe del Registro Nacional de Armas (RENAR), el acusado no figuraba como legítimo usuario, ni el arma se encontraba registrada a su nombre, lo que configuró el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Durante el debate, la Fiscalía hizo hincapié en que el accionar violento del acusado no fue un hecho aislado, sino parte de una conducta reiterada y sostenida. Se destacó, además, que existía una dependencia emocional por parte de la víctima, factor que suele presentarse en contextos de violencia de género y que dificulta la posibilidad de cortar con el círculo de agresiones.
Otro elemento que surgió en el juicio fue el consumo problemático de alcohol y sustancias por parte del acusado, conductas que se repetían en el ámbito familiar y que, según se acreditó, se desarrollaban incluso en presencia de niños menores. Este dato fue considerado especialmente grave por el Tribunal, al tratarse de un entorno que debería ser de cuidado y protección.
Al momento de dictar sentencia, el juez Eduardo Sángari condenó al acusado a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos juzgados en esta causa. Sin embargo, la situación judicial del hombre se vio agravada por antecedentes penales previos.
En el mismo fallo, el magistrado resolvió revocar la condicionalidad de condenas anteriores que pesaban sobre el acusado y unificarlas en una única pena de tres años de prisión efectiva. De esta manera, se dejó sin efecto el beneficio de arresto domiciliario del que gozaba y se ordenó su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario de Salta.
El caso de Coronel Moldes vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia de género en Salta, especialmente en localidades del interior provincial, donde muchas veces las víctimas enfrentan mayores dificultades para denunciar y acceder a redes de contención. La intervención judicial y la condena efectiva buscan no solo sancionar al agresor, sino también enviar un mensaje claro sobre la gravedad de este tipo de conductas.
