El juez Martín Fernando Pérez le fijó al condenado una serie de reglas de conducta durante dos años: no cometer nuevo delito; prohibición de acercamiento a la denunciante, a su domicilio, lugar de trabajo y sitios que ella frecuente en un radio de mil metros; realizar tratamiento psicológico y presentar las constancias correspondientes, entre otras obligaciones.
Todo ello con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena dictada.
El juez dispuso además que se implante consigna policial con ronda periódica en el domicilio del condenado, por el término de quince días.
El sujeto fue denunciado por su expareja. La mujer refirió que luego de separarse del acusado él comenzó a hostigarla y a amenazarla de muerte a ella y a su nueva pareja.
La damnificada sostuvo que le tenía miedo porque sabía que tenía un arma de fuego.
