Lo que empezó como una cirugía ginecológica aparentemente rutinaria terminó en tragedia: Fabiana de los Ángeles Morales Andrada, de 47 años, madre de dos hijos, murió en la madrugada del lunes en el Hospital Privado Tres Cerritos. Su esposo, el abogado Roberto Reyes, no dudó en radicar una denuncia penal por presunta mala praxis y ya hay fiscalía interviniendo.
Todo comenzó el viernes 21 de noviembre, cuando Fabiana ingresó al sanatorio para una intervención programada: la extracción de nódulos uterinos. Según contó Reyes, su mujer había cumplido con todos los estudios prequirúrgicos y los médicos la declararon apta. La operación estuvo a cargo del ginecólogo J. E. G. y, aunque se prolongó más de lo esperado, al terminar el cirujano tranquilizó a la familia: “Hubo complicaciones, pero las controlamos”, les dijo.
Al otro día, el sábado, le dieron el alta. “Todo salió bien, pueden irse a casa”, fue el mensaje. Fabiana se fue caminando, con receta de analgésicos y antibióticos, y con la ilusión de recuperarse rápido en su hogar.
Pero la pesadilla arrancó esa misma noche. En la madrugada del domingo, Fabiana empezó con dolores abdominales intensos, vómitos y no podía casi moverse. La familia llamó al médico de cabecera por teléfono. Este les indicó cambiar la medicación y esperar. Algo no cerraba. Consultaron entonces con otro doctor amigo que estaba fuera de la provincia y la respuesta fue tajante: “Eso no es normal después de una cirugía. Llévenla ya a la clínica”.
Cuando llegaron al Tres Cerritos, el calvario continuó. Según el relato del marido, Fabiana pasó horas en la guardia sin que le hicieran estudios de imágenes ni análisis profundos. Recién por la mañana del domingo una médica de planta advirtió la gravedad: “Tiene un cuadro compatible con hemorragia interna e infección abdominal”. La profesional, siempre según Reyes, minimizó el sangrado: “Es algo pequeño”, les dijo.
La mujer volvió al quirófano de urgencia. El mismo cirujano que la había operado el viernes fue quien la intervino otra vez. Al salir, la indujeron a un coma farmacológico por su estado crítico y la derivaron a terapia intensiva. Otra vez llegó la frase tranquilizadora: “Todo salió bien”.
Por la tarde del domingo, la familia pudo entrar a la UTI. La vieron conectada a los respiradores, pero con buen color de cara. Se fueron con una mínima esperanza. A las 2:20 de la madrugada del lunes sonó el teléfono: “Vengan urgente”. Cuando llegaron, Fabiana ya había muerto.
“Nos quitaron la posibilidad de despedirnos”, dice Reyes con la voz quebrada. El abogado asegura que nunca les explicaron con claridad qué pasó realmente en esa segunda operación, qué complicación provocó la hemorragia ni por qué no la detectaron antes.
A todo esto se suma otro capítulo que encendió más la bronca de la familia: la clínica demoró la entrega de la historia clínica completa. Horas clave para entender qué pasó se perdieron mientras los abogados de la familia peleaban por el expediente. Finalmente, la fiscalía interviniente dispuso una consigna policial en el sanatorio y dio plazo hasta la medianoche del lunes para que entregaran toda la documentación.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas, que ya ordenó las primeras medidas: autopsia, secuestro de historias clínicas y declaración de los profesionales intervinientes. En Salta, los casos de presunta mala praxis en clínicas privadas suelen generar mucho ruido, sobre todo cuando las familias denuncian “falta de transparencia” y “minimizar síntomas” por parte de los médicos.
