La Justicia de Salta continúa la investigación por el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, con una Unidad Fiscal Especial que revisa el caso bajo estándares modernos de investigación penal. La medida fue dispuesta por la Procuración General mediante la Resolución Nº 1.594/25, con el objetivo de aplicar nuevas técnicas científicas y métodos contemporáneos que permitan esclarecer hechos que impactaron profundamente en la sociedad salteña.
El equipo de fiscales, integrado por María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, trabaja desde febrero de 2025 en un abordaje integral del caso. Esto incluye la revisión de más de siete mil fojas del expediente original, el análisis de toda la evidencia secuestrada en 2011 y la reorganización cronológica de los hechos para detectar posibles vacíos y asegurar la solidez del proceso.
Como parte de la investigación, se requirió el resguardo de los elementos secuestrados y la extracción de datos de teléfonos y dispositivos electrónicos bajo autorización judicial. Estos análisis permiten reconstruir patrones de comunicación y contrastar información con registros históricos de julio de 2011, aplicando técnicas de informática forense que no estaban disponibles en la instrucción original.
En paralelo, se avanza con pericias internacionales. Especialistas franceses que participaron en la investigación inicial colaboran de manera remota, aportando estudios avanzados en biología molecular, microscopía y espectrografía. Los informes se integran al análisis realizado por el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, evaluando coincidencias y diferencias metodológicas que puedan influir en la interpretación de la evidencia.
El Servicio Médico Forense de Santiago del Estero también intervino revisando los informes de anatomía patológica y entomología, confirmando la validez de los resultados originales y sumando un respaldo científico adicional. La Unidad Fiscal continúa además recibiendo testimonios locales y de extranjeros, incluidos expertos y personas que aportaron información relevante sobre posibles terceras personas implicadas.
En el ámbito nacional, se incorporan antecedentes vinculados al suicidio del comisario Néstor Piccolo y expedientes relacionados con apremios ilegales y falsedad ideológica, lo que permite contextualizar la investigación y evaluar factores que podrían haber afectado el proceso judicial previo.
La investigación combina así la revisión técnica del expediente histórico, nuevas pericias científicas, testimonios actuales y cooperación internacional, respetando la confidencialidad de las diligencias para preservar la integridad del proceso. Cada hallazgo relevante será incorporado al legajo y comunicado públicamente cuando corresponda, garantizando transparencia y rigor científico.
Con esta estrategia, la Justicia de Salta busca responder al derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad, fortalecer la cooperación con autoridades francesas y asegurar un proceso fundamentado, serio y técnicamente sólido en un caso que marcó a toda la provincia.
