La Justicia salteña avanza en una causa que generó fuerte repercusión en el sur provincial: el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, solicitó la elevación a juicio de la investigación por amenazas contra el intendente José María Issa y, en paralelo, requirió la libertad del imputado bajo el cumplimiento de medidas sustitutivas.
El acusado, identificado como Sergio Reinaldo Marques, se encontraba detenido en el marco de esta causa, pero ahora la Fiscalía consideró que puede transitar el proceso en libertad, siempre que cumpla con ciertas condiciones que serán evaluadas por el Juzgado de Garantías interviniente.
La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por el propio jefe comunal, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios los días 2 y 3 de abril de este año. Según consta en la causa, las amenazas fueron enviadas a través de la aplicación WhatsApp desde un número desconocido en ese momento, y no solo estaban dirigidas a su persona, sino también a su entorno familiar.
El contenido de los mensajes habría generado temor tanto en el intendente como en su círculo cercano, lo que motivó la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal. A partir de allí, se desplegó una serie de tareas investigativas orientadas a identificar el origen de las comunicaciones y determinar responsabilidades.
Entre las diligencias realizadas se incluyeron informes requeridos a la empresa de telefonía, análisis técnicos sobre la línea utilizada y pericias sobre dispositivos electrónicos que fueron secuestrados durante el proceso. Estos elementos permitieron establecer una vinculación entre el imputado y el número desde el cual se habrían emitido los mensajes.
De acuerdo con la acusación fiscal, Marques habría actuado desde el anonimato, utilizando herramientas digitales para intimidar al intendente. La calificación legal que se le atribuye es la de amenazas agravadas en dos hechos, en concurso real, una figura que contempla penas más severas en caso de comprobarse la responsabilidad.
Con los elementos reunidos, el fiscal consideró que existe el grado de probabilidad necesario para avanzar hacia la instancia de juicio. Por eso, solicitó formalmente la elevación de la causa, lo que implica que será un tribunal el encargado de analizar las pruebas y determinar si corresponde una condena.
Al mismo tiempo, pidió que el imputado recupere la libertad bajo medidas sustitutivas, una decisión que suele adoptarse cuando no existen riesgos procesales como fuga o entorpecimiento de la investigación. Estas medidas pueden incluir restricciones de acercamiento, obligación de fijar domicilio o presentaciones periódicas ante la Justicia.
El planteo deberá ser analizado por el juez de Garantías, quien definirá si hace lugar al pedido de la Fiscalía tanto en lo referido a la elevación a juicio como a la situación de detención del acusado.
El caso generó atención en Metán no solo por tratarse de una denuncia que involucra al intendente, sino también por el tipo de delito investigado. Las amenazas a través de medios digitales se convirtieron en una problemática creciente, que plantea nuevos desafíos para la Justicia en cuanto a la identificación de autores y la recolección de pruebas.
En este sentido, la utilización de herramientas tecnológicas fue clave para avanzar en la investigación. El rastreo de la línea telefónica y el análisis de los dispositivos permitieron reconstruir parte de la maniobra y sostener la acusación en esta etapa preliminar.
Para la Fiscalía, el accionar del imputado no solo tuvo como objetivo intimidar al jefe comunal, sino también generar un impacto en su entorno familiar, lo que agrava la situación. Este tipo de conductas son consideradas especialmente sensibles cuando involucran a funcionarios públicos en ejercicio, ya que pueden afectar el normal desarrollo de sus funciones.
Mientras tanto, en Metán el caso sigue siendo tema de conversación. La expectativa ahora está puesta en la resolución judicial que definirá los próximos pasos del proceso. Si se confirma la elevación a juicio, el expediente avanzará hacia una instancia clave donde se debatirán las pruebas reunidas.
En paralelo, la posible liberación del imputado bajo condiciones también será un punto de análisis, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar tanto el desarrollo del proceso como la protección de la víctima.
La causa se encamina así hacia una etapa decisiva, con un trasfondo que combina política, seguridad y el uso de tecnología para la comisión de delitos. En el sur de la provincia, el caso sigue de cerca cada movimiento judicial, a la espera de definiciones que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
