Uno de los condenados por el homicidio del sacerdote Ernesto Martearena obtuvo la libertad condicional en Salta, a pesar de la oposición expresada por el Ministerio Público Fiscal y por familiares de la víctima durante la audiencia judicial. Se trata de Santos Marcelo Castillo, quien cumple una condena a prisión perpetua y lleva 25 años privado de la libertad.
La decisión fue adoptada por el juez de Ejecución y Detenidos de Primera Nominación, Rodolfo Quinteros, luego de escuchar los argumentos presentados por las partes. El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, responsable de la Unidad de Ejecución Penal y Control de Condena, había solicitado que no se concediera el beneficio.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó la posibilidad de que Castillo accediera a la libertad condicional, principalmente por los resultados de los informes psicológicos y por los antecedentes disciplinarios registrados durante su permanencia en prisión.
Según expuso el fiscal, las evaluaciones psicológicas no resultaban favorables para respaldar la concesión del beneficio. Uno de los puntos señalados fue que el condenado no reconocería la pena impuesta como una consecuencia de sus propios actos, sino que la interpretaría como una sanción excesiva e injusta.
Para la Fiscalía, esa postura debía ser considerada al momento de evaluar la evolución del interno durante el cumplimiento de su condena y las condiciones necesarias para acceder a una modalidad de libertad supervisada.
Ramos Ossorio también hizo referencia a los antecedentes de conducta de Castillo dentro del establecimiento penitenciario. En particular, mencionó que había recibido distintas sanciones disciplinarias, incluso por la tenencia de un arma blanca.
La Fiscalía sostuvo que esos antecedentes, sumados a los informes psicológicos, constituían elementos relevantes para analizar si correspondía otorgar el beneficio solicitado. Sin embargo, después de escuchar las exposiciones, el magistrado resolvió conceder la libertad condicional.
La audiencia contó además con la participación de sobrinas del sacerdote, quienes intervinieron en representación de la familia Martearena. Las familiares también manifestaron su rechazo al pedido y acompañaron la postura de la Fiscalía para que el condenado continuara cumpliendo la pena bajo las condiciones vigentes.
La resolución judicial generó una nueva instancia de discusión en torno a la ejecución de la condena por uno de los crímenes que conmocionaron a la sociedad salteña. El punto central del planteo no estuvo únicamente relacionado con el tiempo transcurrido desde la sentencia, sino también con la valoración de la conducta del condenado y los informes incorporados para analizar su situación.
La libertad condicional es una modalidad de cumplimiento de la pena que puede concederse cuando se reúnen los requisitos legales correspondientes. Su otorgamiento debe resolverse en el ámbito judicial a partir de las condiciones previstas por la normativa y de los elementos específicos de cada expediente.
En este caso, la oposición fiscal se apoyó en los informes psicológicos desfavorables y en las sanciones disciplinarias que habría acumulado Castillo durante su detención. La familia de Martearena, por su parte, expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el condenado accediera al beneficio.
Al finalizar la audiencia, Ramos Ossorio confirmó que el Ministerio Público Fiscal recurrirá la decisión. De esta manera, la resolución que habilitó la libertad condicional será cuestionada por la vía judicial correspondiente.
El planteo de la Fiscalía buscará que se revise el criterio adoptado por el juez Quinteros, a partir de los argumentos expuestos durante la audiencia y de los antecedentes considerados relevantes para evaluar la situación del condenado.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre los requisitos para acceder a la libertad condicional en condenas por delitos graves y la importancia de analizar tanto el tiempo de detención como los informes técnicos y la conducta penitenciaria.
La decisión judicial fue adoptada pese a la oposición de la Fiscalía y de la familia del sacerdote. Ahora, el recurso anunciado abrirá una nueva instancia de revisión sobre el beneficio concedido a Castillo.
