La Justicia de Salta dictó una nueva condena en un caso de violencia de género ocurrido en Orán. Un hombre de 29 años fue sentenciado a dos meses de prisión de ejecución efectiva por desobediencia judicial y daños en perjuicio de su expareja. La decisión fue tomada tras comprobarse que violó las medidas cautelares que lo obligaban a mantenerse lejos de la mujer con la que había mantenido una relación de diez años.
El hecho se registró la tarde del 7 de julio pasado, cuando el acusado se presentó en el domicilio de la damnificada, pese a que sobre él pesaban medidas de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y restricción de ingreso a la vivienda. Además, tenía la obligación de abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia física o psicológica.
Al llegar al lugar, el hombre golpeó reiteradamente la puerta principal, ocasionando daños en el picaporte. El episodio generó temor en la mujer, quien ya había solicitado medidas de protección judicial precisamente por situaciones de violencia previas.
La audiencia de juicio abreviado se llevó a cabo en el Juzgado de Garantías 8, donde el acusado reconoció los hechos imputados. La jueza interina Tatiana Dip valoró la confesión y, tras considerar los antecedentes del caso, dictó la condena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, declaró al hombre reincidente por segunda vez, lo que agrava su situación judicial.
El caso fue impulsado por la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Federico Gabriel Portal, y estuvo representado en la audiencia por la auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto.
La sentencia refuerza el mensaje de tolerancia cero frente a la violencia de género y al incumplimiento de órdenes judiciales. En los últimos años, los tribunales salteños han endurecido su postura frente a este tipo de conductas, dado que la desobediencia de medidas cautelares suele ser un paso previo a agresiones más graves.
En Orán y otras localidades del norte provincial, las denuncias por violencia familiar y de género representan un alto porcentaje de los ingresos judiciales. La Justicia insiste en que las medidas de restricción son herramientas fundamentales para prevenir situaciones de mayor riesgo, y que su incumplimiento constituye un delito con consecuencias penales claras.
La condena a este hombre de 29 años se suma a una serie de fallos recientes en Salta, donde la reincidencia en hechos de violencia contra mujeres y el desacato a órdenes judiciales han derivado en penas de cumplimiento efectivo. De esta manera, se busca no solo sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje de protección a las víctimas y a la sociedad en general.
Con esta decisión, el Tribunal marcó un precedente en la región: quien incumpla medidas de protección y reincida en hechos de violencia de género no solo será investigado, sino que también enfrentará condenas efectivas, sin posibilidad de excusarse en acuerdos ni beneficios procesales.
