En una nueva jornada del juicio que sacude a la provincia, se conocieron detalles estremecedores sobre cómo funcionaba la supuesta red narco que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Salta, más conocida como el penal de Villa Las Rosas. Testimonios clave revelaron un circuito de violencia, amenazas, pagos encubiertos y la participación de agentes del Servicio Penitenciario Provincial.
Durante la octava audiencia del proceso, en el que están imputadas veinte personas por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas desde el penal, los relatos presentados ante el tribunal pusieron el foco en la corrupción interna y el drama que atraviesan tanto los detenidos como sus familias.
Uno de los momentos más impactantes fue el testimonio del hermano de un interno que, con total franqueza, admitió haber entregado dinero en efectivo y vía transferencia a un conocido suyo que, según relató, logró garantizar la seguridad de su familiar dentro del penal. El hombre explicó que su hermano, Lautaro Teruel, estaba amenazado de muerte y que incluso le habían advertido que podría ser víctima de abuso sexual si no intervenía.
Fue entonces cuando decidió recurrir a Baldomero Darío Córdoba, un viejo amigo que también tenía un familiar detenido. Según su versión, gracias a esta ayuda, los hostigamientos cesaron. A modo de agradecimiento, dijo haber entregado plata como una “propina”, en un intento de humanizar el pago y alejarlo de una connotación delictiva. Aunque nunca tuvo trato directo con los penitenciarios involucrados, sospecha que el dinero llegó a sus manos.
"Nos ayudaron, estamos agradecidos", expresó, sin titubear. También reconoció que no confía en la justicia y que, ante una situación similar, volvería a actuar de la misma manera. La Fiscalía, por su parte, tomó nota de sus palabras y no descartó ampliar la imputación por el delito de cohecho, abriendo una nueva línea de investigación.
La jornada también tuvo como protagonista a un exinterno del penal de Villa Las Rosas, quien brindó un crudo relato sobre las condiciones dentro del establecimiento. Visiblemente nervioso, aseguró temer por su vida y relató que días antes de su declaración, dos personas que se identificaron como integrantes de la Brigada intentaron llevárselo, presuntamente por orden de una fiscal.
Este hombre, que cumplió una condena de cuatro años en los pabellones A1 y A2, pintó un escenario de abuso sistemático, donde los internos eran golpeados, amenazados y extorsionados por otros presos, con la complicidad —según denunció— de algunos guardiacárceles. Apuntó especialmente contra un recluso apodado el “Gordo” Méndez, a quien acusó de manejar el negocio de la droga dentro del penal. Por una deuda vinculada a su adicción, el testigo terminó gravemente golpeado e internado en el hospital San Bernardo.
A cambio de “perdonarle” la deuda, Méndez le impuso una condición: su hermano, también detenido y uno de los acusados en este juicio, debía obedecer sus órdenes, incluyendo el traslado de ciertos elementos hasta la casa de su madre. “Era eso o la muerte”, resumió el exconvicto.
Durante más de una hora, su relato desnudó el entramado violento de una red que habría operado con total impunidad desde el interior de la cárcel salteña. Contó cómo ingresaban drogas, quiénes estaban a cargo del “negocio” y cómo se distribuían los beneficios. También identificó a varios miembros del Servicio Penitenciario que, según él, estaban involucrados o eran, al menos, permisivos.
Debido a la gravedad de sus declaraciones, el Tribunal decidió asignarle custodia permanente para garantizar su seguridad. La tensión en la sala fue evidente, y los magistrados tomaron la decisión de retirar a todos los imputados antes de que comenzara a hablar.
En paralelo, declararon otros seis testigos: un exinterno y cinco familiares de detenidos, quienes confirmaron haber realizado transferencias de dinero a un tal Moya, supuestamente por pedido de los mismos presos. Si bien no se precisó con exactitud el destino de esos fondos, todo indica que serían parte del esquema de pagos por favores, protección o acceso a ciertos “privilegios” dentro del penal.
En el centro de la escena está la Unidad Carcelaria 1, un penal con capacidad colapsada, donde las denuncias por malos tratos y corrupción se acumulan desde hace años. Este proceso judicial podría marcar un antes y un después en la manera en que se administra el sistema penitenciario en la provincia.
La audiencia cerró con un cuarto intermedio hasta el lunes, día en que se espera la declaración de más testigos y la posibilidad de nuevas imputaciones. El juicio recién comienza a desentrañar la trama que se tejía puertas adentro del penal, y todo indica que todavía hay mucho por descubrir.
