Una causa judicial por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos durante el funcionamiento de la Panadería Social de Salta dio un nuevo paso en las últimas horas. La Fiscalía especializada en delitos económicos presentó la acusación formal contra el ex presidente del organismo y dos familiares directos, en el marco de una investigación que analiza supuestas maniobras fraudulentas ocurridas durante 2023.
La presentación fue realizada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que imputó a Luis Emilio Fayón Medina por el delito de fraude a la administración pública en calidad de autor, mientras que Roxana González Domínguez y Josefina González Domínguez fueron acusadas como presuntas partícipes necesarias dentro de la investigación.
La causa se centra en una serie de contrataciones y movimientos económicos que, según la hipótesis fiscal, habrían generado un importante perjuicio para las arcas públicas. Los investigadores sostienen que existieron operaciones comerciales vinculadas a personas del entorno familiar del entonces titular de la Sociedad del Estado "Pan Solidario", lo que podría configurar situaciones incompatibles con las responsabilidades del cargo.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada durante mayo de 2024 por la Municipalidad de Salta y desde entonces avanzó mediante informes contables, análisis de documentación administrativa y reconstrucción de operaciones vinculadas a compras y proveedores.
Según la acusación, las personas investigadas habrían sido incorporadas como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones actualmente cuestionadas. La Fiscalía sostiene que no registraban antecedentes comerciales ni experiencia previa relacionada con la actividad.
Dentro del expediente se incorporó documentación vinculada a contrataciones por montos millonarios. De acuerdo con el análisis contable realizado durante la investigación, parte de los insumos facturados presuntamente no habrían ingresado físicamente al organismo ni habrían sido registrados dentro del stock correspondiente.
Uno de los puntos centrales de la causa gira alrededor de los faltantes detectados en mercadería y materias primas utilizadas por la Panadería Social. Los informes periciales incorporados al expediente señalan diferencias entre la documentación presentada y los registros existentes sobre determinados productos.
La proyección económica realizada durante la investigación ubica el perjuicio actualizado por encima de los 150 millones de pesos, una cifra que convirtió al expediente en uno de los casos de mayor impacto económico vinculados a la administración pública local.
Los investigadores también analizaron presuntas diferencias entre los valores abonados por algunos productos y los precios habituales de mercado registrados durante ese período. Entre los elementos observados aparecen compras de insumos alimenticios que habrían sido adquiridos a valores considerablemente superiores a los esperados.
Además, la causa incluye observaciones sobre volúmenes de compra que, según la hipótesis fiscal, excedían las necesidades productivas del organismo. Parte de esos productos tampoco habría sido localizada posteriormente dentro de los registros de existencia y almacenamiento.
Para la Fiscalía, las maniobras investigadas habrían permitido ejecutar operaciones presuntamente irregulares mediante circuitos de contratación y facturación que terminaron generando un daño económico al Estado.
Sin embargo, la acusación presentada constituye una instancia procesal dentro del expediente y no implica una condena ni una definición sobre responsabilidad penal. Será la Justicia la encargada de analizar las pruebas reunidas y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio.
Con la presentación formal ya realizada, el proceso continuará ahora bajo las disposiciones del nuevo sistema procesal penal. Entre los próximos pasos previstos se encuentra el sorteo del juez que intervendrá en el control de la acusación y la posterior convocatoria a una audiencia donde las partes expondrán sus planteos.
En esa etapa se definirá si la causa reúne los requisitos necesarios para avanzar a juicio oral y público o si surgen nuevas medidas dentro del proceso.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en Salta debido al monto económico involucrado y a las características de las presuntas maniobras investigadas, que hoy se encuentran bajo análisis judicial.
