En las últimas semanas la investigación federal por la red de trata de personas que operaba en Salta sumó pruebas consideradas decisivas.
Las pericias sobre los celulares de los imputados y de algunas víctimas revelaron material que el fiscal utilizó para ampliar la acusación. Ahora se suman cargos por difusión y comercialización de contenido pornográfico, además de la promoción y facilitación de la prostitución ya imputadas.
De los dispositivos surgieron videos y fotografías explícitas, pero también audios y chats donde los acusados presionaban insistentemente para que les consiguieran nuevas chicas. Los mensajes muestran un patrón claro: pedidos de fotos, exigencias de vestimenta y referencias directas a encuentros sexuales a cambio de dinero o regalos. Todo esto reforzó la calificación inicial de trata de personas con fines de explotación sexual agravada.
La causa involucra a 33 víctimas, en su mayoría adolescentes de colegios secundarios públicos y privados de la provincia. Hay nueve imputados: ocho como coautores del delito de trata agravado por la minoridad, la vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y el número de intervinientes. Uno es menor de edad y no está detenido; dos cumplen prisión preventiva en arresto domiciliario y los seis restantes permanecen con prisión efectiva en cárcel.
El caso comenzó el 26 de junio de 2025, cuando una mamá revisó el celular de alta gama que tenía su hija y encontró mensajes de contenido sexual. A partir de ahí se descubrió que los acusados seleccionaban a las chicas según características físicas, les imponían ropa determinada y las obligaban a consumir un cóctel de drogas antes de los encuentros.
Desde la querella sostienen que uno de los imputados actuaba como organizador principal de la asociación ilícita y que otro acumula cinco hechos más de abuso sexual con acceso carnal. El fiscal acompañó ambas postulaciones y las incorporó a la causa.
Las adolescentes declararon en cámaras Gesell y por circuito cerrado para proteger su identidad, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas hablaron de enfermedades de transmisión sexual, riesgo de embarazos y amenazas constantes. El equipo psicológico y médico del Ministerio Público Fiscal las acompañó durante todo el proceso, mientras la investigación sigue su curso con nuevos elementos que complican cada vez más la situación de los acusados.
