La localidad de Campamento Vespucio vuelve a estar en el centro de la escena judicial tras un nuevo avance en una causa que estremeció a toda la zona norte de Salta. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, presentó el requerimiento de juicio contra un joven de 20 años, acusado de asesinar con una violencia desmesurada a su vecina, una mujer de 76 años que vivía sola en el barrio Ex Pueblo Nuevo. El caso, registrado en noviembre de 2024, fue uno de los episodios más duros que se recuerdan en el distrito judicial Tartagal y se encamina a convertirse en el segundo juicio por jurados que se realizará en esa jurisdicción.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2024, en horas de la tarde o noche, cuando el acusado aprovechó el aislamiento y la vulnerabilidad de la mujer para atacarla dentro de su vivienda. Los investigadores sostienen que el agresor actuó con alevosía, tomándola totalmente desprevenida, y que la violencia ejercida demuestra un nivel de ensañamiento pocas veces visto: el cuerpo presentaba aproximadamente 30 heridas de arma blanca distribuidas en diferentes partes, lesiones que revelan la brutalidad del ataque y el sufrimiento extremo que padeció la víctima antes de morir.
Para la Fiscalía, el móvil del crimen estuvo vinculado a un intento de agresión sexual. Esa hipótesis surgió desde los primeros momentos de la investigación, a partir de las pericias realizadas en la escena del hecho y del análisis del comportamiento previo del acusado. En su requerimiento, el fiscal Vega detalló que todos los elementos de valor que la mujer poseía permanecían en el lugar, incluido dinero en efectivo, lo que permitió descartar desde el inicio un robo. La evidencia, por el contrario, reforzó la sospecha de un ataque sexual frustrado que derivó en un femicidio.
Fue la propia hija de la víctima quien encontró el cuerpo cuando llegó a la casa, ubicada en una zona alejada del casco céntrico de Campamento Vespucio. La mujer residía sola desde hacía años y era conocida por sus vecinos por su carácter tranquilo y su rutina diaria sin sobresaltos. La escena que encontró la familia dejó en shock a la comunidad: la mujer yacía sin vida, con signos claros de violencia extrema.
Los testimonios recabados durante la investigación aportaron elementos clave. Según la declaración de varios vecinos, el acusado vivía a pocos metros de la víctima y, en más de una oportunidad, la habría acosado con comentarios e insinuaciones de contenido sexual. Si bien la mujer había manifestado incomodidad ante estas situaciones, nunca llegó a realizar una denuncia formal. Para la Fiscalía, ese patrón de hostigamiento previo encaja con la hipótesis del intento de ataque sexual que terminó en homicidio.
El informe de la autopsia confirmó que la herida mortal fue una lesión profunda en la zona del tórax, que incluso alcanzó la arteria carótida, provocando una pérdida masiva de sangre que derivó en la muerte por shock hipovolémico. Los peritos forenses destacaron que varias de las lesiones no eran inmediatamente mortales, sino que tenían una clara connotación de ensañamiento, lo que agrava la calificación penal del hecho.
La causa se encuadra como homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y violencia de género (femicidio), una figura que prevé pena de prisión perpetua. La tríada de agravantes se sostiene en tres pilares: la extrema violencia del ataque, la vulnerabilidad de la víctima y la motivación basada en la condición de mujer de la afectada. Para la Fiscalía, el acusado seleccionó a la víctima por su desvalimiento, actuó sobre seguro al sorprenderla sola en su casa y desplegó una violencia orientada a subyugarla sexualmente.
El requerimiento de juicio presentado por el fiscal Vega implica que la etapa de investigación penal preparatoria está prácticamente concluida. Ahora, será el Juzgado de Garantías el encargado de resolver la elevación del expediente y fijar fecha para el histórico juicio por jurados. Se tratará del segundo proceso de este tipo en la jurisdicción Tartagal, donde el sistema —ya implementado en diferentes puntos de Salta— busca acercar a la ciudadanía a decisiones judiciales fundamentales en casos de gravedad extrema.
Este mecanismo de juzgamiento, que ya se aplicó en otros casos resonantes de la provincia, implica que doce ciudadanos seleccionados al azar deberán decidir si el acusado es o no culpable, basándose exclusivamente en las pruebas expuestas durante el debate oral. La modalidad se transformó en una herramienta central para causas por delitos graves como homicidios, femicidios o crímenes con gran impacto social, dado que otorga transparencia y permite que la comunidad participe activamente en la administración de justicia.
El femicidio de la mujer de 76 años no solo causó conmoción entre los habitantes de Campamento Vespucio, sino que reavivó la preocupación por la violencia de género en el norte provincial, una problemática que viene registrando casos de enorme crueldad en los últimos años. Organizaciones locales y referentes barriales destacaron, tras conocerse el avance de la causa, la importancia de que este caso sea juzgado bajo la modalidad de jurados, dado el carácter simbólico que tiene para las víctimas de violencia en la región.
