El Tribunal Oral Federal N° 1 estableció una pena única de 16 años y seis meses de prisión para el exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, tras unificar las dos condenas firmes que pesan en su contra por delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo.
La resolución fue dictada el 12 de noviembre y se aprobó por mayoría, con los votos de las juezas Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi. En disidencia, el juez Domingo José Batule había propuesto una pena de 15 años.
El fiscal general Carlos Martín Amad había solicitado 18 años de prisión, mientras que la defensa reclamaba una condena única de 13 años y la inmediata libertad del exmagistrado. Reynoso cumple actualmente prisión domiciliaria.
El tribunal también resolvió dejar pendiente el análisis de la libertad condicional. Para tratar ese pedido, primero deberán incorporarse el cómputo provisorio de la pena y los informes de los organismos encargados del seguimiento de su situación.
Las condenas que se unificaron corresponden a dos causas. La primera fue dictada el 24 de mayo de 2019 y estableció 13 años de prisión por los delitos de concusión y prevaricato. Quedó firme el 29 de febrero de 2024, luego de que la Corte Suprema rechazara una presentación de la defensa.
La segunda sentencia fue pronunciada el 27 de agosto de 2024, con una pena de cinco años de prisión por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión. La condena quedó firme el 14 de octubre de 2026.
Para establecer la sanción única, los jueces aplicaron la normativa penal anterior a la reforma de 2025, debido a que los hechos fueron cometidos antes de ese cambio. La mayoría consideró que la pena de 16 años y seis meses refleja la gravedad de las conductas, sin limitarse a sumar las dos condenas ni absorber una dentro de la otra.
Entre los agravantes, se tuvo en cuenta que Reynoso utilizó su cargo y los recursos de la Justicia para cometer los delitos. Además, el tribunal consideró que las conductas provocaron un daño institucional que trascendió a las personas directamente perjudicadas.
Como aspectos favorables, valoró su comportamiento posterior a las condenas, el cumplimiento de las condiciones impuestas durante sus períodos de detención y el pago de la multa correspondiente a la primera causa.
El fallo también mantuvo la inhabilitación especial para ejercer como magistrado durante 35 años y estableció una inhabilitación absoluta por el mismo plazo que la pena de prisión. A esto se suma una multa de $90.000, la obligación de restituir $500.000 a cada uno de los dos damnificados de la primera causa, con los intereses correspondientes, y el decomiso de una camioneta.
Por el momento, la resolución no modifica su situación de detención. El pedido de libertad condicional será evaluado una vez reunida la documentación requerida, ya que el cumplimiento del plazo legal no implica el otorgamiento automático del beneficio.
