La Justicia federal de Salta destapó una red de trata de personas que acechaba a alumnas de un colegio, con abusos consumados en moteles a la vera de la ruta nacional 68.
El fiscal Eduardo Ramos prepara la ampliación de imputaciones contra cinco involucrados, mientras más chicas se animan a romper el silencio, elevando el número de víctimas a posibles 15 o más.
Lo que empezó como una denuncia aislada por dos adolescentes se transformó en un laberinto de horrores, con perfiles de vírgenes ofrecidos a cambio de 200 mil pesos, según los primeros testimonios. La investigación, que avanza a paso firme en los tribunales federales salteños, revela una organización aceitada donde un remisero fungía de nexo principal, transportando a las menores en un Fiat Uno gris, a veces escondidas en el baúl para esquivar ojos curiosos en los barrios del sur.
Entre los imputados figuran un empresario del rubro de materiales de construcción que aportaba el dinero sucio, un dueño de imprenta que lavaba favores, un tipo de Joaquín V. González que ya picó la libertad condicional, y un pibe de 17 años que delataba a las compañeras más vulnerables. El fiscal Ramos, con la bronca de quien ve mancillada la inocencia de la juventud salteña, sumará cargos por suministro de estupefacientes y coacción, ya que las chicas contaron cómo les clavaban pastillas para someterlas antes de los encuentros.
Los abusos, un baldazo de agua fría para la comunidad educativa de Salta, se daban en moteles perdidos en la ruta 68, rumbo al Valle de Lerma, donde el olor a pino y el viento norte no alcanzaban para tapar la podredumbre. Las menores, captadas con promesas de guita para la familia o un par de zapatillas nuevas, terminaban en habitaciones con "juguetes" y botellas adulteradas, mientras los mensajes en los celulares hablaban en clave: "la vuelta al mediodía" para fijar las citas.
La trama, que huele a vulnerabilidad económica en estos barrios del sur donde el mango aprieta, involucra a más de tres manos adultas orquestando la explotación, agravada por la minoría de las víctimas. El juez de garantías, Raúl Torres, les negó la excarcelación a los cabecillas, argumentando el riesgo de que se evaporen como humo de fogón o tapen pistas, con penas que van de 10 a 15 pirulos colgando sobre sus cabezas.
En los allanamientos, la Policía Federal y la PROTEX salteña barrieron con aceite de cannabis, faso y pastillas afrodisíacas de los domicilios, más libretas con tarifarios que dan vergüenza ajena. El remisero, el eje del quilombo, no solo manejaba los traslados al toque de la campana escolar, sino que las tenía agarradas de las mechas con amenazas de chusmear todo a los viejos, un control que las peritos describen como el sello de las redes de trata en nuestra provincia norteña.
