En Salta, una investigación judicial expone una red de trata de menores que tiene como eje un remisero y un vehículo blanco con el que se trasladaban a estudiantes para encuentros sexuales, organizados y pactados bajo estrictas “tarifas” y códigos entre los involucrados. La fotografía del auto, un sedán blanco, fue difundida este martes y se convirtió en una pieza clave para comprender el modus operandi de esta red que conmueve a toda la provincia.
Según las fuentes judiciales, el remisero utilizaba el sedán para captar a las chicas, estudiantes en su mayoría, y llevarlas hasta dos moteles ubicados sobre la ruta provincial 26, así como a domicilios particulares donde se concretaban las citas. La investigación reveló un sistema escalonado de pagos por los “servicios” exigidos, que oscilaban entre 60 mil pesos por un simple beso y hasta 200 mil pesos por penetración, cifras que evidencian la gravedad y el negocio detrás de esta red.
El procedimiento a cargo de la Justicia incluyó un allanamiento en la casa del principal acusado, donde se incautaron elementos que complejizan aún más el cuadro: aceite de cannabis, marihuana, juguetes sexuales y pastillas utilizadas para la estimulación. Este material apunta a un entramado que no solo implicaba la explotación de menores sino también el uso de sustancias que podrían afectar su salud y voluntad.
Un dato particular y perturbador de la investigación fue el hallazgo de códigos utilizados para coordinar las citas, entre ellos la frase “vamos a hacer la onda”, un mensaje que en apariencia banal encubría el tráfico de menores y la organización de encuentros sexuales bajo un manto de discreción y sigilo.
El fiscal a cargo del caso solicitó la prisión preventiva para el remisero y otros implicados, exceptuando a un menor vinculado, al entender que se está frente a un hecho de “gravedad inusitada” que daña profundamente la dignidad de niños y adolescentes. La imputación recae no solo en la explotación sexual, sino también en la organización sistemática de un delito que desafía el sentido común y las leyes provinciales y nacionales.
Este caso sacude a Salta, una provincia donde la comunidad educativa se encuentra en estado de alerta ante la revelación de que una red tan estructurada operaba al alcance de la vista, con menores de edad en el centro de un negocio criminal que requiere una respuesta rápida y contundente por parte de las autoridades locales y nacionales.
La investigación sigue en curso y la Justicia trabaja para determinar el alcance de la red, la participación de otras personas y los posibles puntos de captación dentro y fuera del ámbito escolar. La prioridad es proteger a las víctimas y desarticular completamente esta estructura que vulneró los derechos de estudiantes en la provincia.
Esta causa vuelve a poner en debate la necesidad de políticas públicas más efectivas en Salta para la prevención del abuso y la trata de personas, con especial foco en menores. La comunidad espera respuestas concretas que garanticen seguridad y respeto a los derechos de los jóvenes y adolescentes, sobre todo en espacios que deberían ser seguros, como las escuelas y el entorno familiar.
En las próximas semanas, se esperan avances judiciales significativos, mientras tanto, la sociedad salteña sigue movilizada, reclamando justicia y mayores controles para que hechos como este no se repitan y se garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia en la provincia.
