Según su relato, un funcionario de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), acompañado por personal policial y utilizando un vehículo sin identificar, detuvo a un conductor.
El vehículo detenido resultó ser un automóvil operando bajo el sistema Uber, una plataforma que, a pesar de su popularidad por la comodidad y costo que ofrece a los salteños, enfrenta resistencia de las autoridades y sindicatos de taxis y remises.
Este incidente ocurre en el marco de una creciente ola de inseguridad en la provincia. La presencia de personal policial en el operativo plantea interrogantes sobre las prioridades en la asignación de recursos de seguridad. La situación actual lleva a cuestionar si la seguridad de los vecinos está siendo priorizada adecuadamente, en lugar de enfocarse en alguien que intenta trabajar en medio de la crisis económica.
El video del incidente refleja claramente las tensiones entre la regulación del transporte y las necesidades de seguridad pública. La situación pone en tela de juicio si las acciones de las autoridades buscan realmente proteger a la comunidad o defender los intereses de los tenedores de licencias de transporte.
En un momento donde la inseguridad es una preocupación creciente para los salteños, la utilización de recursos policiales para operaciones contra conductores de aplicaciones de transporte plantea un debate necesario sobre las verdaderas prioridades y necesidades de la sociedad.
