En un contexto donde el contrabando de alimentos se ha vuelto una preocupación creciente en el norte argentino, el gobierno de Salta, en coordinación con Nación, decidió intensificar las acciones para frenar el ingreso ilegal de frutas y verduras a la provincia. El foco está puesto no solo en el impacto económico que esta práctica genera sobre los productores locales, sino también en los riesgos sanitarios que conlleva el ingreso sin control de productos agrícolas provenientes de otras regiones o países.
Durante las últimas horas, se llevó a cabo una reunión clave entre el secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, y autoridades del SENASA, la Dirección General de Aduanas, Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia. El encuentro sirvió para delinear una estrategia conjunta que permita actuar con mayor eficacia frente al comercio ilícito que afecta tanto a los mercados salteños como a los corredores productivos de la región.
La preocupación es clara: el contrabando no solo distorsiona los precios y perjudica a quienes trabajan dentro del marco legal, sino que también representa un peligro latente para la salud vegetal y animal del territorio. El ingreso de frutas y verduras sin el debido control fitosanitario puede introducir enfermedades inexistentes en la región, con consecuencias graves para los cultivos y el ganado salteño.
Ante esta realidad, las autoridades resolvieron avanzar con un plan de acción que incluye la capacitación específica de las fuerzas de seguridad. Estas instancias formativas estarán destinadas a brindar herramientas prácticas para detectar y actuar frente al transporte ilegal de productos agrícolas, tanto en los puestos de control fronterizo como en las rutas que conectan los distintos departamentos salteños.
“Hay una necesidad urgente de fortalecer los controles y unificar criterios entre todos los organismos que intervienen en el territorio”, señalaron fuentes provinciales tras el encuentro. La propuesta apunta a que Gendarmería, Policía de Salta, agentes de Aduana y del SENASA cuenten con conocimientos claros sobre qué documentación deben exigir, cómo identificar mercadería sospechosa y qué protocolos seguir ante cada situación.
El esquema de trabajo también prevé una agenda de reuniones periódicas entre las partes involucradas, con el objetivo de monitorear los avances, corregir desvíos y ajustar medidas según la evolución del fenómeno. En ese sentido, uno de los próximos pasos será incorporar a los intendentes municipales de las zonas más afectadas por el contrabando, así como a representantes de la Dirección General Impositiva, que también juega un rol clave en el control del movimiento comercial.
Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable salteño remarcaron que esta articulación busca proteger al sector agropecuario, una de las principales fuentes de empleo y dinamismo económico en la provincia. “No podemos permitir que el esfuerzo de nuestros productores se vea opacado por maniobras ilegales que rompen las reglas y ponen en riesgo la sanidad de nuestros campos”, expresaron en línea con las decisiones tomadas.
Los operativos se intensificarán especialmente en los pasos fronterizos con Bolivia, una zona históricamente permeable al contrabando debido a su extensión y complejidad. Pero también habrá una mayor presencia en rutas provinciales y accesos a los principales mercados concentradores de frutas y verduras del territorio salteño, como el de la ciudad de Salta, Orán y Tartagal.
Los productores locales, que desde hace tiempo vienen reclamando una mayor intervención del Estado frente al avance de la informalidad en el sector, ven con buenos ojos este tipo de medidas, aunque advierten que el desafío no se resuelve solo con operativos esporádicos. “Es clave que haya constancia en los controles y que se penalice realmente a quienes lucran con el trabajo ajeno”, sostuvo un referente del Valle de Lerma, una de las zonas más productivas de la provincia.
Por otro lado, desde organismos técnicos como el SENASA se destaca la importancia de evitar la propagación de plagas o enfermedades exóticas que pueden ingresar ocultas en la mercadería ilegal. Ejemplos recientes en otras provincias demostraron cómo un simple cargamento no declarado puede derivar en brotes que afectan miles de hectáreas o incluso obligan a cuarentenas fitosanitarias.
La coordinación entre Nación y Salta no se limita al ámbito operativo. También se está avanzando en campañas de concientización para comerciantes, transportistas y consumidores, con el objetivo de desincentivar la compra de productos que no cuenten con trazabilidad ni habilitaciones correspondientes. “El consumo responsable también es parte de la solución”, insisten desde las áreas técnicas.
En este marco, se trabaja para reforzar el rol de los mercados formales como puntos de referencia y abastecimiento seguro. El Estado apunta a garantizar que toda mercadería que circule en el circuito salteño cuente con los certificados exigidos, en especial los relacionados a sanidad y procedencia.
El contrabando de frutas y verduras representa hoy una amenaza silenciosa pero constante para el entramado productivo salteño. Si bien no es un fenómeno nuevo, el contexto económico actual ha generado un aumento de este tipo de actividades, especialmente en zonas de frontera donde las condiciones sociales y la falta de controles efectivos favorecen la ilegalidad.
Frente a este panorama, las acciones anunciadas buscan no solo contener el problema, sino también avanzar hacia un esquema de producción y comercialización más justo, transparente y seguro para todos los actores de la cadena agroalimentaria.
