El violento asalto ocurrido el pasado 13 de agosto en un comercio de barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Salta, llegó a una resolución judicial con una condena ejemplar. José María Cocimano, un hombre con frondosos antecedentes y buscado por la Justicia tucumana, fue sentenciado a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo luego de admitir su participación en el hecho durante una audiencia de juicio abreviado. La condena se unificó con otra pena que tenía pendiente en la vecina provincia.
El caso había generado profunda preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, debido a la brutalidad con la que se desarrolló el atraco. Aquella noche de agosto, dos personas encapuchadas irrumpieron en el local y, exhibiendo un arma de fuego y un arma blanca, redujeron a quienes se encontraban en el lugar. En cuestión de minutos se llevaron más de un millón de pesos de la recaudación del día y escaparon, dejando atrás un escenario de miedo y violencia que, de inmediato, motivó una intensa investigación policial.
La causa fue impulsada por la fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, quien representó al Ministerio Público Fiscal en todo el proceso. El avance de la investigación permitió reunir evidencia clave que derivó en la identificación de Cocimano como uno de los autores del hecho. Su confesión terminó de cerrar el círculo para alcanzar la condena.
Según se desprende del expediente, aquella noche la comerciante estaba atendiendo cuando los dos sospechosos ingresaron a los gritos, cubiertos con capuchas y mostrando ambas armas. El padre de la víctima, que se encontraba en el local, intentó resistirse y forcejeó con los intrusos. En medio del enfrentamiento, uno de ellos efectuó dos disparos con el arma de fuego, mientras el segundo agresor lo atacó con un cuchillo, provocándole una lesión en la pierna. A pesar del esfuerzo por defender el comercio, los delincuentes lograron hacerse de una suma superior al millón de pesos y huyeron a toda velocidad.
La tensión generada por el episodio llevó a que la fiscal Guzmán ordenara de inmediato una serie de medidas investigativas, con la colaboración del auxiliar fiscal Christian Medina y del personal especializado de la Dirección General de Investigaciones. El trabajo articulado entre el Grupo Investigativo del Sector 4A y la policía provincial permitió obtener evidencia determinante mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona, el levantamiento de rastros en el local, el relevamiento de comunicaciones y la toma de testimonios.
Este despliegue, que incluyó horas de revisión de material fílmico y el seguimiento de pistas en distintos puntos de la capital, permitió individualizar al sospechoso. Cocimano fue detenido en la vía pública días después, sin ofrecer resistencia. Las autoridades confirmaron que se trata de un hombre oriundo de Tucumán, con una larga trayectoria delictiva. En esa provincia acumulaba cuatro requerimientos judiciales por delitos contra la propiedad. Además, en 2023 había sido condenado a prisión efectiva, pero se fugó de una dependencia policial antes de cumplir la totalidad de la pena.
Con estos antecedentes sobre la mesa, el juez Leonardo Feans avanzó en la audiencia de juicio abreviado. Tras la confesión de Cocimano y el consenso entre la defensa y la fiscalía, el magistrado dictó una pena única de 14 años de prisión, unificando la condena por el robo agravado en Salta con la sentencia pendiente en Tucumán. La resolución implica que el acusado deberá cumplir la totalidad de la pena en un establecimiento penitenciario, bajo régimen de ejecución efectiva.
La sentencia fue celebrada por los damnificados y también por comerciantes de la zona, quienes desde el asalto reclamaban más seguridad y una respuesta judicial firme para desalentar hechos violentos en barrios del oeste salteño. El caso, además, expone una problemática cada vez más visible: la circulación de delincuentes provenientes de otras provincias que buscan refugio o nuevas oportunidades delictivas en Salta. Para la Justicia, la presencia de sospechosos con antecedentes en otras jurisdicciones convierte las causas locales en investigaciones más complejas, por la necesidad de cruzar información y coordinar procedimientos entre distintos fueros.
El hecho también dejó en evidencia el rol clave que cumplen las cámaras de seguridad y el trabajo coordinado entre fiscalía y policía en delitos violentos que ocurren en zonas comerciales. La reconstrucción de los movimientos de los sospechosos antes, durante y después del hecho permitió trazar un mapa preciso del accionar de la banda, que utilizó capuchas y armas para reducir a las víctimas sin importar las consecuencias físicas que pudieran generar.
