Un grave caso de violencia familiar ocurrido en Cerrillos tuvo resolución judicial en las últimas horas, luego de que un joven de 20 años fuera condenado por una serie de hechos cometidos contra su propia madre. La causa expuso reiterados incumplimientos de medidas cautelares, ingresos ilegales al domicilio familiar, episodios de agresividad y la sustracción de distintos elementos, a pesar de contar con una orden de exclusión del hogar vigente desde 2024.
La sentencia se dictó tras una audiencia realizada en el Juzgado de Garantías 3, donde el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos que se le atribuían. El proceso fue llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención del auxiliar fiscal Roque López Hinojo, siguiendo directivas de la fiscal penal Mónica Viazzi.
Según consta en el expediente, las denuncias fueron realizadas por la madre del acusado, quien desde hace tiempo venía siendo víctima de situaciones reiteradas de violencia y hostigamiento. La mujer había solicitado la intervención judicial ante el temor generado por la conducta de su hijo, lo que derivó en la imposición de medidas de protección y la exclusión del hogar, dispuestas oportunamente por el Juzgado de Violencia Familiar.
Sin embargo, lejos de acatar las órdenes judiciales, el joven continuó ingresando al domicilio ubicado en el barrio Los Paraísos, en Cerrillos, sin autorización y en distintos días y horarios. Estas conductas se registraron, de acuerdo a la investigación, desde noviembre de 2024, configurando múltiples hechos de desobediencia judicial.
Durante varios de esos ingresos ilegales, el acusado sustrajo distintos objetos de la vivienda de su madre. Entre los elementos denunciados se encuentran una balanza, un cargador de celular, un nebulizador, un portatermo, útiles escolares, un termo, un alargador y una parrilla, entre otros bienes. Estos episodios fueron reiterados y generaron un fuerte impacto emocional en la víctima, que se vio obligada a denunciar en más de una oportunidad.
Uno de los hechos más graves ocurrió en enero de este año, cuando el joven volvió a ingresar a la vivienda tras saltar un alambrado perimetral y provocar daños en la puerta de acceso. En esa ocasión, además de violentar el ingreso, sustrajo dos colchas, una caja de cubiertos y otro cargador de celular, profundizando el cuadro de violencia y vulneración de las medidas de protección vigentes.
La imputación por el delito de daños se vinculó, en particular, a un episodio ocurrido durante la madrugada del 23 de octubre pasado. De acuerdo a la acusación, el acusado ingresó nuevamente a la casa de su madre y le solicitó dinero. Ante la negativa de la mujer, el joven reaccionó de manera agresiva, dañando la cajonera de un mueble modular y la puerta de la vivienda.
En ese mismo contexto, también propinó puntapiés a distintos bienes de su progenitora, generando destrozos dentro del hogar y un clima de extrema tensión. Este hecho fue considerado especialmente grave por la reiteración de la conducta violenta y por producirse en un marco de medidas judiciales ya dictadas para proteger a la víctima.
Durante la audiencia, el juez Marcelo Pastrana analizó las pruebas reunidas, las denuncias realizadas y la confesión del propio acusado, quien reconoció los hechos. En función de ello, resolvió condenarlo a la pena de siete meses de prisión de cumplimiento condicional, evitando así su detención efectiva, pero imponiendo una serie de estrictas condiciones.
Además de la condena, el magistrado dispuso un conjunto de reglas de conducta que el joven deberá cumplir durante un período de dos años. Entre ellas, se estableció que deberá someterse al cuidado y seguimiento del Programa de Inserción Social de Presos y Liberados de la provincia de Salta, con el objetivo de favorecer su reinserción y prevenir nuevas conductas violentas.
También se le impuso la prohibición absoluta de ejercer actos de violencia, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de los denunciantes. Esta medida busca garantizar la seguridad de la víctima y evitar cualquier tipo de contacto directo o indirecto que pueda derivar en nuevos episodios de violencia familiar.
Otra de las condiciones fijadas por la Justicia es la realización de un tratamiento psicológico, cuya necesidad y modalidad será determinada previamente por el Servicio de Psicología del Poder Judicial. Este punto fue considerado clave para abordar la conducta del condenado y trabajar sobre las causas que derivaron en los hechos denunciados.
Asimismo, el juez ordenó una consigna ambulatoria en el domicilio de la damnificada, hasta nueva disposición judicial, o la implementación de un botón antipánico, como herramientas adicionales de protección para la mujer. Estas medidas apuntan a reforzar la prevención y brindar una respuesta rápida ante cualquier eventual incumplimiento.
