Un hombre de 28 años fue imputado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán por desobediencia judicial, amenazas y lesiones leves, luego de protagonizar un nuevo episodio de violencia familiar en el barrio 200 Años. El acusado, que ya contaba con antecedentes penales por situaciones similares, quedó detenido mientras avanza la investigación penal.
La intervención estuvo a cargo de la fiscal penal interina Daniela Murúa, de la Fiscalía Penal 3 de Orán, quien dispuso la imputación provisional tras los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero en un domicilio particular. Según la acusación, el joven incumplió una medida judicial vigente que le prohibía acercarse a su grupo familiar, resolución que había sido dictada en el marco de causas anteriores por amenazas y desobediencia.
El caso se inició a partir de la denuncia realizada por una mujer en representación de su padre, quien resultó damnificado por la conducta de su propio hijo. De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, alrededor de las 10 de la mañana el acusado se presentó en la vivienda familiar en aparente estado de ebriedad, pese a tener una restricción de acercamiento vigente.
Al llegar al domicilio, comenzó a insultar y provocar a los integrantes de la familia, generando un clima de tensión que obligó a intervenir a otros presentes. Si bien en un primer momento se retiró del lugar, horas más tarde regresó y la situación escaló rápidamente.
Siempre según la investigación, el joven increpó directamente a su padre y lo amenazó con atentar contra su integridad física. Frente a esa escena, otro de los hermanos intervino para defender al hombre mayor, lo que derivó en un forcejeo y una pelea en la que tanto el imputado como su progenitor sufrieron lesiones de carácter leve.
Un vecino alertó a la Policía y efectivos de la Comisaría 3 se hicieron presentes en el domicilio. Al constatar el desorden y la actitud agresiva del acusado, procedieron a demorarlo. Incluso en presencia del personal policial, el joven continuaba alterado y hostil hacia su entorno familiar, según quedó asentado en las actuaciones.
Desde el Ministerio Público Fiscal se evaluó que el comportamiento del imputado no sólo implicó una nueva situación de violencia en el ámbito intrafamiliar, sino también un claro incumplimiento de una orden judicial expresa. Esa restricción le impedía acercarse a su familia, medida que había sido dispuesta tras episodios previos en los que ya había sido condenado a una pena de prisión de ejecución condicional por amenazas y desobediencia judicial.
En este contexto, la Fiscalía consideró que existen elementos suficientes para sostener provisoriamente la acusación por los delitos de desobediencia judicial, amenazas y lesiones leves, en concurso real. Además, solicitó que el acusado continúe detenido mientras se sustancia el proceso, en virtud de sus antecedentes y del riesgo de reiteración de conductas violentas.
El caso vuelve a poner en agenda una problemática que atraviesa a distintas comunidades del norte provincial: la violencia familiar y el incumplimiento de medidas de restricción dictadas por la Justicia. En muchas situaciones, las víctimas conviven con el temor constante de que las órdenes judiciales no alcancen para frenar las agresiones, especialmente cuando existen antecedentes de conductas similares.
En Orán, como en otras localidades de Salta, las fiscalías penales intervienen de manera habitual ante denuncias por violencia en el ámbito doméstico. Las medidas de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar suelen ser herramientas clave para resguardar a las víctimas, pero su efectividad depende en gran parte del cumplimiento por parte de los imputados y de la rápida actuación ante cualquier incumplimiento.
En este expediente en particular, el hecho de que el acusado ya hubiera sido condenado previamente por amenazas y desobediencia judicial pesa en la evaluación de su situación procesal. La reiteración de conductas similares refuerza la hipótesis de una escalada de violencia que, de no ser contenida a tiempo, podría derivar en consecuencias más graves.
Mientras tanto, el hombre permanece a disposición de la Justicia y deberá afrontar el proceso penal correspondiente. La investigación continuará con la recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y pericias médicas que permitan determinar con precisión la dinámica de los hechos y las responsabilidades penales.
El episodio ocurrido en el barrio 200 Años vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento en casos de violencia familiar en Salta, una problemática que exige respuestas integrales y sostenidas para proteger a las víctimas y evitar nuevos hechos.
