El Gobierno nacional decidió endurecer su postura frente a los graves incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso y denunciará por terrorismo a quienes participaron de los disturbios. La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien anticipó que el Ejecutivo invocará la Ley 26.734 para que la investigación avance bajo una figura penal más severa.
La decisión implica un giro significativo en el enfoque judicial del caso. En lugar de encuadrar los hechos como daños agravados o atentado a la autoridad, el Ministerio sostiene que la magnitud de la violencia y los elementos utilizados configuran un delito destinado a sembrar terror y presionar a los poderes del Estado. De prosperar esa calificación, las penas previstas podrían duplicarse y los acusados enfrentarían condenas de cumplimiento efectivo.
Los disturbios se produjeron frente al edificio del Congreso de la Nación Argentina, en una jornada que terminó con detenidos, heridos y daños materiales. Según la reconstrucción oficial, durante los enfrentamientos se utilizaron bombas molotov, bidones con combustible y elementos contundentes lanzados contra las fuerzas de seguridad. Para la cartera de Seguridad, esos recursos exceden cualquier marco de protesta legítima.
Monteoliva sostuvo que la presencia de artefactos incendiarios y la logística desplegada demuestran una planificación previa. Desde el Gobierno remarcan que no se trató de hechos aislados ni de reacciones espontáneas, sino de acciones coordinadas con la intención de generar caos y desestabilización institucional. Bajo ese argumento se apoya la aplicación de la ley antiterrorista, que contempla agravantes cuando los delitos buscan aterrorizar a la población o forzar decisiones de las autoridades.
En términos judiciales, el cambio de calificación tiene efectos concretos. La causa quedará bajo la órbita federal, con intervención de juzgados y fiscalías federales. Además, la escala penal prevista por la Ley 26.734 habilita sanciones más duras y limita las posibilidades de excarcelación inmediata. En el entorno oficial aseguran que el objetivo es garantizar que los responsables enfrenten un proceso sin beneficios prematuros.
Mientras tanto, avanza la identificación de los involucrados. A través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, sumado al monitoreo de transmisiones televisivas y registros digitales, las fuerzas federales lograron individualizar a más de diecisiete personas. El Ministerio trabaja con sistemas de reconocimiento facial y bases de datos biométricas para cruzar información con antecedentes penales y registros previos.
Los perfiles detectados hasta ahora muestran un abanico diverso. La mayoría de los señalados reside en la provincia de Buenos Aires, aunque también se detectaron personas provenientes de otras jurisdicciones del país, entre ellas Tucumán y Salta. Este dato encendió alertas en distintas provincias, donde se sigue con atención el desarrollo de la causa federal.
En cuanto a la pertenencia de los implicados, la investigación apunta a posibles vínculos con barras bravas, agrupaciones de izquierda combativa y sectores anarquistas. No obstante, desde el Gobierno aclaran que la pesquisa continúa y que será la Justicia la que determine responsabilidades individuales. Algunos de los identificados no registran antecedentes, mientras que otros cuentan con prontuarios por hechos de violencia en manifestaciones anteriores.
La ministra defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada. Según explicó, la prioridad fue dispersar a los grupos violentos mediante el uso de camiones hidrantes y gases lacrimógenos para evitar una escalada mayor. En ese sentido, remarcó que todas las intervenciones quedaron registradas y forman parte del material probatorio incorporado al expediente.
También rechazó de plano las versiones que circularon en redes sociales sobre supuestos efectivos infiltrados en la manifestación. Desde la cartera de Seguridad calificaron esas afirmaciones como infundadas y señalaron que buscan desacreditar el operativo. El Gobierno sostiene que la actuación policial estuvo ajustada a los protocolos vigentes y que cualquier irregularidad será evaluada por la Justicia.
El contexto político agrega tensión al escenario. La decisión de aplicar la figura de terrorismo no es menor y abre un debate jurídico y político sobre los límites entre la protesta social y la violencia organizada. En la Argentina, la Ley 26.734 fue sancionada para adecuar la legislación local a estándares internacionales en materia de financiamiento del terrorismo y delitos destinados a generar terror público. Su utilización en conflictos vinculados a manifestaciones callejeras siempre generó controversias.
En este caso, el Ejecutivo considera que la gravedad de los hechos amerita ese encuadre. Argumenta que la intención no fue simplemente protestar, sino provocar daños que pudieran poner en riesgo la vida de personas y condicionar el normal funcionamiento del Poder Legislativo. La investigación deberá determinar si existió una organización previa, financiamiento o instigadores detrás de los disturbios.
Por estas horas, la causa avanza con la recolección de pruebas, peritajes sobre los elementos incautados y toma de declaraciones. La fiscalía federal analizará las imágenes, los informes técnicos y los antecedentes de los detenidos para definir imputaciones formales. De confirmarse la figura de terrorismo, el proceso podría marcar un precedente en la manera en que se abordan judicialmente los episodios de violencia política en el país.
El Gobierno, por su parte, dejó en claro que no retrocederá en su decisión. En un escenario atravesado por alta conflictividad social y fuertes discusiones políticas, el mensaje oficial apunta a mostrar firmeza frente a hechos que, según su interpretación, buscan desbordar los canales democráticos. La Justicia tendrá ahora la última palabra sobre la calificación penal y el futuro de los acusados.
