El médico, imputado por homicidio simple con dolo eventual en la causa por la muerte del ídolo, pidió postergar el debate y que el proceso se realice con jurado popular. La definición judicial podría impactar en la fecha prevista para el nuevo inicio.
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona suma un capítulo inesperado. A pocos días de la fecha prevista para reiniciar el proceso, el médico Leopoldo Luque presentó un planteo formal para modificar las condiciones en las que se desarrollará el debate oral y, además, solicitó la postergación del comienzo. La estrategia apunta a que el caso sea juzgado por un jurado popular y no por un tribunal técnico, como estaba establecido hasta ahora.
Luque, uno de los siete profesionales de la salud acusados en la causa, llega al proceso imputado por “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé penas de prisión de cumplimiento efectivo. Se trata de una de las figuras penales más gravosas dentro del expediente que investiga las responsabilidades por el fallecimiento del ex capitán de la Selección argentina, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
El pedido se conoció luego de que el juicio original fuera declarado nulo tras un escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. Aquella decisión obligó a rearmar el proceso desde cero y fijar una nueva fecha de inicio. En ese contexto, la defensa del neurocirujano avanzó con una jugada que no estaba en los planes iniciales: solicitar que el debate se realice bajo la modalidad de juicio por jurados.
En la práctica, este cambio implicaría que ciudadanos comunes, seleccionados especialmente, definan la culpabilidad o inocencia de los acusados, en lugar de que lo hagan magistrados profesionales. Para la defensa, se trata de una alternativa que podría ofrecer un escenario más favorable. No solo abre la posibilidad de una absolución, sino que también podría incidir en la eventual pena en caso de una condena.
Mientras el planteo transita la etapa de apelaciones, crece la incertidumbre en torno al calendario judicial. Si el recurso prospera, la fecha estipulada para el reinicio podría modificarse. En cambio, si es rechazado, el proceso continuará bajo el esquema ya previsto. La resolución se espera en los próximos días y será determinante para el futuro inmediato de la causa Maradona, uno de los expedientes judiciales más sensibles y seguidos en la Argentina.
El caso mantiene en vilo a la opinión pública desde hace más de tres años. La muerte del ex jugador, que marcó a generaciones enteras y cuya figura trasciende lo deportivo, generó un impacto profundo tanto en el plano emocional como en el judicial. La investigación apuntó desde el comienzo al equipo médico que lo asistía en sus últimos días, bajo la hipótesis de que existieron omisiones y decisiones que podrían haber influido en el desenlace.
Dentro de ese grupo, Luque aparece como una pieza central. Fue el profesional que acompañó de cerca la salud del ex futbolista en la etapa final de su vida y quien mantenía, según sus propias palabras, una relación de confianza y amistad con él. Esa cercanía, que en su momento fue exhibida como un vínculo sólido, hoy forma parte del análisis judicial.
En declaraciones realizadas en tribunales, el médico sostuvo que se siente injustamente acusado y negó cualquier responsabilidad en la muerte del ídolo. “No soy responsable de lo que pasó”, afirmó al ser consultado sobre el nuevo escenario judicial. También aseguró que no percibe un rechazo social en la calle y que está dispuesto a enfrentar nuevamente el proceso.
Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue su referencia a que consideraba inevitable una eventual condena en el juicio anterior. Según expresó, la anulación del debate lo benefició en un momento en el que veía el panorama complicado. Ahora, con el proceso reiniciado, apuesta a modificar el esquema antes de sentarse otra vez en el banquillo.
En su defensa pública, Luque remarcó que mantenía una relación cercana con Maradona y que su rol no puede interpretarse como el de único responsable de las decisiones médicas. También apuntó contra el entorno familiar y sostuvo que muchas de las críticas en su contra responden a conflictos que exceden el plano estrictamente sanitario.
La figura del “homicidio simple con dolo eventual” es clave en la causa. No implica una intención directa de matar, pero sí que el acusado habría actuado con conocimiento de que su conducta podía ocasionar la muerte y, aun así, continuó adelante. En términos jurídicos, es una imputación grave que coloca a los acusados ante la posibilidad de enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.
El eventual cambio a un juicio por jurados podría alterar la dinámica del debate. En Argentina, este sistema se aplica en varias provincias y en la órbita de la justicia bonaerense para determinados delitos graves. La decisión de adoptar o no esta modalidad dependerá de la interpretación de los jueces y de la viabilidad del planteo presentado.
Más allá de la discusión técnica, el expediente por la muerte de Diego Maradona tiene un fuerte componente simbólico. Cada movimiento procesal es seguido de cerca por millones de argentinos. No se trata solo de determinar responsabilidades penales, sino también de dar una respuesta institucional ante la pérdida de una figura que dejó una huella imborrable en la historia del país.
En este escenario, el pedido de Luque suma tensión y abre un nuevo frente de debate. La expectativa está puesta en la resolución que definirá si el juicio avanza tal como estaba previsto o si se reconfigura bajo otras reglas. Mientras tanto, el nombre de Maradona vuelve a ocupar el centro de la escena judicial, recordando que, a más de tres años de su muerte, la causa todavía está lejos de cerrarse.
El desenlace inmediato dependerá de lo que determinen los tribunales en las próximas horas. Si se mantiene la fecha establecida, el nuevo juicio comenzará bajo el esquema tradicional. Si prospera el recurso, el proceso podría demorarse y adoptar un formato distinto. En cualquier caso, el expediente seguirá siendo uno de los más trascendentes del país, con implicancias jurídicas, políticas y sociales que exceden a los propios acusados.
