El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena política tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija en 14 años la edad mínima para que un menor pueda ser juzgado por la comisión de delitos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, propone una reforma integral del sistema vigente y plantea un esquema con penas diferenciadas, institutos especializados y programas obligatorios de educación y deporte.
Con la votación favorable en la Cámara baja, el texto ahora deberá ser tratado en el Senado. En caso de convertirse en ley, implicará un cambio profundo en la legislación penal argentina, ya que actualmente la edad de imputabilidad se fija en los 16 años. El nuevo marco legal apunta a abarcar delitos graves cometidos por adolescentes de entre 14 y 16 años, bajo un régimen específico que contempla garantías procesales y un enfoque orientado, según sus impulsores, a la reinserción social.
El ministro sostuvo que la norma busca enviar un mensaje claro a la sociedad en un contexto donde la inseguridad ocupa un lugar prioritario en la agenda pública. Según explicó, el sistema actual no brinda respuestas adecuadas frente a hechos de extrema gravedad protagonizados por menores, y eso termina generando una sensación de impunidad. Para el funcionario, el Estado debe fijar límites claros cuando se trata de delitos dolosos, especialmente aquellos vinculados a homicidios, abusos sexuales, uso de armas y otras conductas violentas.
El proyecto aprobado en Diputados consta de 46 artículos y redefine el esquema de responsabilidad penal juvenil. Entre sus puntos centrales se establece que no habrá penas de prisión perpetua para menores y que las sanciones deberán cumplirse en institutos especializados, separados de los establecimientos penitenciarios destinados a adultos. Además, se prevé personal capacitado, equipos interdisciplinarios y un sistema de seguimiento individual de cada caso.
Uno de los ejes que remarca el oficialismo es que la reforma no se limita al castigo, sino que incorpora un conjunto de obligaciones y derechos para los adolescentes en conflicto con la ley penal. El texto incluye la obligatoriedad de la escolarización, la participación en actividades deportivas y programas de formación, junto con el acompañamiento profesional para trabajar en la reintegración social. La idea es que la intervención del Estado no sea meramente punitiva, sino también correctiva y preventiva.
En distintos puntos del país, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad genera posiciones encontradas. Hay quienes sostienen que endurecer el régimen es una respuesta necesaria ante el aumento de delitos cometidos por menores, mientras que otros advierten sobre el riesgo de criminalizar problemáticas sociales más profundas, como la exclusión, la falta de oportunidades y el consumo problemático de sustancias.
En el norte argentino, donde la preocupación por la seguridad también atraviesa la agenda pública, la discusión no pasa desapercibida. En barrios donde los vecinos reclaman mayor presencia del Estado y respuestas más firmes frente a hechos violentos, la posibilidad de juzgar a adolescentes desde los 14 años es vista por algunos como una herramienta para frenar situaciones que hoy parecen no tener consecuencias claras. Sin embargo, también se insiste en la necesidad de fortalecer políticas sociales, educativas y deportivas para evitar que los chicos lleguen al delito.
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece que cada menor contará con un seguimiento personalizado. Un supervisor actuará como nexo entre el adolescente, su familia y las instituciones intervinientes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia y acompañar el proceso de reinserción. Este punto es presentado como una diferencia clave respecto del sistema actual, al que desde el Ministerio califican como obsoleto.
En términos presupuestarios, el Gobierno nacional aseguró que se destinarán partidas específicas para implementar la reforma. Esto incluye la creación o adecuación de institutos especializados, la capacitación de personal y el desarrollo de programas educativos y deportivos. La apuesta es que la ley no quede solo en el plano declarativo, sino que tenga aplicación concreta en todo el territorio argentino.
Otro aspecto relevante es que el proyecto delimita claramente las penas máximas aplicables a menores y refuerza el principio de proporcionalidad. La intención es evitar equiparar el régimen juvenil con el de adultos, manteniendo un esquema diferenciado que contemple la edad y el grado de madurez del adolescente. A la vez, se busca que las víctimas perciban que existe una respuesta judicial efectiva.
En el plano político, la media sanción representa un paso importante para el oficialismo, que instaló la baja de la edad de imputabilidad como una de sus banderas en materia de seguridad. El tratamiento en el Senado será determinante para definir si la reforma se convierte en ley y en qué términos finales. Allí podrían introducirse modificaciones o agregarse precisiones sobre la implementación.
La discusión también se enmarca en un contexto más amplio de reformas vinculadas al sistema judicial y al combate contra el delito. En ese escenario, el Ejecutivo sostiene que modernizar el régimen penal juvenil es parte de una estrategia integral que apunta a recuperar la confianza social en la Justicia.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate social sigue abierto. La tensión entre garantizar derechos y establecer sanciones efectivas vuelve a plantear una pregunta de fondo: cómo equilibrar la protección de los menores con la necesidad de dar respuestas ante delitos graves. Si finalmente la ley se aprueba, Argentina tendrá un nuevo esquema para abordar la responsabilidad penal juvenil, con la mirada puesta tanto en la prevención como en la reinserción y la reparación frente a las víctimas.
