La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevos testimonios clave en los tribunales federales de Comodoro Py. Una de las jubiladas que figura como acreedora en la operación por la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito aseguró ante la Justicia que no tuvo participación directa en la venta del inmueble y que las decisiones estuvieron en manos de su entorno familiar.
Se trata de Claudia Sbabo, quien fue la primera en declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, la mujer afirmó que desconoce los detalles de la transacción inmobiliaria que hoy es objeto de investigación judicial. En su exposición, indicó que la gestión de la operación fue realizada por su hijastro, Leandro Miano, en conjunto con Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra propietaria del departamento.
El expediente analiza la compra de una propiedad ubicada sobre la calle Miró al 500, en Caballito, donde actualmente reside el funcionario nacional junto a su familia. La operación, concretada en noviembre de 2025, presenta particularidades que despertaron sospechas en la Justicia, principalmente por las condiciones de pago acordadas entre las partes.
De acuerdo a lo declarado, Sbabo explicó que los fondos utilizados para adquirir su parte del inmueble meses antes de la venta eran de su propiedad. También detalló que percibe una jubilación cercana a los 350 mil pesos, un dato que forma parte del análisis patrimonial que lleva adelante la fiscalía.
Uno de los aspectos que más atención genera en la causa es la modalidad de pago establecida en la operación de compraventa. Según consta en la investigación, el departamento fue transferido a cambio de un anticipo de 30 mil dólares y el compromiso de abonar los 200 mil dólares restantes en el plazo de un año y sin intereses. Este esquema, poco habitual en el mercado inmobiliario, es uno de los puntos que busca esclarecer la Justicia.
Mientras avanzaba la declaración de Sbabo, también se presentó a prestar testimonio Beatriz Viegas, la otra jubilada que era titular del 50% restante del inmueble. Su exposición ante el fiscal Pollicita se desarrollaba en paralelo y se espera que aporte más detalles sobre cómo se gestó la operación.
Ambas mujeres fueron las dueñas del departamento antes de su venta al actual jefe de Gabinete. La propiedad, de características amplias —con cuatro ambientes, aproximadamente 150 metros cuadrados, cochera, patio y balcón terraza—, había sido publicada inicialmente a un valor significativamente superior al que finalmente se concretó la transacción.
En ese sentido, otro de los focos de la investigación apunta a la diferencia entre el precio original de publicación del inmueble, que rondaba los 340 mil dólares, y el monto final por el que habría sido adquirido, considerablemente menor. Este punto resulta clave para determinar si existieron maniobras irregulares o beneficios indebidos en la operación.
La figura de Pablo Martín Feijoo también aparece en el centro de la escena. El empresario, vinculado al rubro de la construcción y el desarrollo urbano, habría tenido un rol activo tanto en la compra previa del departamento como en su posterior venta. Según se pudo reconstruir en el expediente, fue quien se encargó de realizar la seña inicial del inmueble y de articular los pasos necesarios para concretar la operación.
Feijoo y Miano, mencionados por Sbabo en su declaración, mantienen vínculos comerciales en distintos emprendimientos inmobiliarios. Esta relación también es analizada por la Justicia para determinar si existió algún tipo de beneficio cruzado o maniobra coordinada en torno a la propiedad.
Además, el empresario figura en registros oficiales como visitante de la Casa Rosada en octubre de 2025, apenas un mes antes de que se concretara la venta del departamento. Este dato suma otro elemento al análisis del contexto en el que se desarrolló la operación.
Desde la perspectiva judicial, el objetivo es reconstruir con precisión el circuito del dinero y las decisiones que llevaron a concretar la compra del inmueble en las condiciones que hoy están bajo sospecha. La causa busca determinar si hubo inconsistencias patrimoniales o si la operación se ajustó a parámetros legales.
En paralelo, también se analiza el vínculo personal entre las partes involucradas. Según surge de la investigación, existiría una relación de cercanía entre las familias, lo que habría facilitado la concreción de un acuerdo con condiciones financieras poco habituales, como el otorgamiento de un crédito sin intereses.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. En ese marco, se prevé que Pablo Martín Feijoo sea convocado a declarar en los próximos días, en una instancia que podría resultar determinante para esclarecer los puntos aún oscuros de la operación.
El avance del expediente es seguido de cerca tanto en el ámbito político como judicial, dado el rol central que ocupa el funcionario involucrado dentro del Gobierno nacional. En provincias como Salta, donde el impacto de las decisiones nacionales se siente con fuerza en la economía cotidiana, este tipo de investigaciones genera especial atención pública.
A medida que se suman declaraciones y se incorporan nuevos elementos, la Justicia busca establecer si existió o no un esquema irregular en la adquisición del inmueble. Por ahora, los testimonios aportan versiones que intentan despegar a las jubiladas de la operatoria directa, trasladando la responsabilidad a sus familiares y allegados.
El caso sigue abierto y en pleno desarrollo, con nuevas medidas previstas que podrían arrojar mayor claridad sobre una operación que, por sus características, ya se convirtió en uno de los focos de mayor interés dentro del escenario político y judicial argentino.
