La Casa Rosada atraviesa horas de máxima tensión tras la filtración de los audios que desataron el mayor escándalo de supuesta corrupción en lo que va de la gestión libertaria. El protagonista es Diego Spagnuolo, abogado, amigo cercano de Javier Milei y hasta hace días titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En esas grabaciones, el exfuncionario alude a pedidos de coimas y menciona vínculos directos con funcionarios de alto rango del Gobierno.
La reacción oficial se movió en dos direcciones: desligarse de las acusaciones y, al mismo tiempo, preparar una estrategia judicial contra Spagnuolo. Uno de los caminos que evalúan es denunciarlo por no haber realizado una presentación formal ante la Justicia sobre los hechos que ahora expone en una conversación privada. Desde el oficialismo buscan desacreditarlo y entre asesores ya circula la idea de que se trata de un exfuncionario “sin credibilidad”, aunque no niegan la autenticidad del material filtrado.
La preocupación se palpó en la jornada de deliberaciones que reunió a Javier Milei, su hermana Karina, Eduardo “Lule” Menem —señalado en los audios—, el asesor Santiago Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni. También participó el Ministerio de Justicia, que sigue de cerca el expediente. La decisión más inmediata fue desplazar a Spagnuolo de su cargo “hasta que se esclarezcan los hechos”, en una medida que busca mostrar distancia política.
En paralelo, el Gobierno optó por la cautela hacia afuera. La estrategia de silencio prevalece y el único que se pronunció públicamente fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien remarcó que si un funcionario acusa a otro de pedir coimas, “el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia”. La declaración, medida y sin detalles, refleja el tono que busca sostener el Ejecutivo mientras avanza la investigación judicial.
El caso está en manos del juez federal Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi. El Gobierno sigue de cerca los próximos pasos, especialmente la posibilidad de que Spagnuolo sea citado a indagatoria. Ese escenario podría tensar aún más la situación si el exfuncionario ratifica sus acusaciones bajo declaración formal.
El escándalo golpea de lleno en el corazón del poder libertario porque los audios no se limitan a denuncias genéricas, sino que mencionan directamente a integrantes del círculo más cercano al Presidente. El riesgo político es evidente: la exposición de un esquema de supuestas coimas no solo involucra a funcionarios de segundo nivel, sino que alcanza a nombres con injerencia directa en la gestión nacional.
En este contexto, la estrategia oficial combina espera y contraataque. La Casa Rosada demora definiciones públicas hasta conocer el rumbo de la causa, pero a la vez analiza acciones legales para neutralizar a Spagnuolo. El dilema es cómo contener el impacto sin agravar el costo político de un caso que ya escaló a la agenda nacional y que podría tener derivaciones judiciales de alto voltaje.
Mientras tanto, la oposición sigue con atención cada movimiento y la opinión pública observa cómo el Gobierno intenta administrar el episodio más delicado desde que asumió. La resolución del caso dependerá de lo que determine la Justicia en las próximas semanas, pero lo cierto es que los audios dejaron a la gestión libertaria en una situación incómoda y bajo la lupa de todos.
