En un giro clave en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tendrá que afrontar el pago de $22.300 millones reclamados por el Estado, tras la decisión del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2 de declarar la caducidad de instancia por inactividad procesal. La resolución, firmada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, implica el cierre definitivo del expediente civil que había iniciado la Dirección Nacional de Vialidad.
La caducidad de instancia se dio luego de que la defensa de la exmandataria, liderada por el abogado Luis Goldin, argumentara que el proceso había permanecido inactivo por más de seis meses. El juez consideró válidos los argumentos y determinó que la falta de actividad procesal había cumplido los plazos legales establecidos para declarar la caducidad, garantizando así la celeridad y buena administración de la justicia.
“Este mecanismo no persigue solo sancionar la negligencia de las partes, sino que evita la prolongación indefinida de los juicios, en defensa de los valores de paz y seguridad jurídica”, subrayó Dos Santos en el fallo. Con esta medida, el Estado pierde la vía civil para exigir la millonaria indemnización a la expresidenta.
El cierre del expediente civil, sin embargo, no modifica el estado del proceso penal. En el fuero penal, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) continúa con la ejecución de bienes de Cristina Kirchner, a pesar de los recursos presentados por la exmandataria. En su defensa, la expresidenta cuestionó los cálculos realizados por los peritos de la Corte Suprema y reafirmó que no posee bienes vinculados al delito por el que fue condenada. “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de mi familia, es absolutamente legítima”, señaló en la presentación judicial.
Los magistrados del TOF 2 enfatizaron que el fallo por administración fraudulenta fue revisado en distintas instancias y que el monto fijado para el decomiso de bienes es “inconmovible” en esta etapa. Además, remarcaron que los planteos de la defensa no logran demostrar arbitrariedad que pudiera anular la condena, más allá del desacuerdo de Cristina Kirchner con la sentencia.
La exmandataria ya adelantó que, si la Cámara de Casación no le da la razón, recurrirá a la Corte Suprema y, eventualmente, a organismos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, la Justicia avanza con los procedimientos de ejecución de bienes, que podrían incluir embargos sobre propiedades, cuentas bancarias y otros activos.
