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Diputados autorizó a la Provincia a tomar deuda por 100 millones de dólares

El crédito del Fonplata contempla obras viales, agua y saneamiento. Tiene un plazo de pago de 20 años, con cinco de gracia. Pasó al Senado.

Diputados autorizó a la Provincia a tomar deuda por 100 millones de dólares

En una sesión cargada de debates, la Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes la autorización para que la Provincia contrate un crédito de 100 millones de dólares con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

 

El dinero, destinado a financiar obras clave del Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio, busca potenciar el desarrollo económico y social de la región. Ahora, el proyecto pasa al Senado para su revisión, mientras se encienden discusiones sobre el uso responsable de los fondos y el impacto en las finanzas provinciales.

El crédito, que se amortizará en 20 años con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés del 6,75%, será gestionado por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera. Las obras previstas incluyen la pavimentación de tramos de la Ruta Nacional 51 y la Ruta Provincial 24, la construcción de un bypass en Campo Quijano y una autopista hacia El Carril, además de proyectos de agua potable y saneamiento en la Puna. También se contempla la incorporación de tecnología para fortalecer los sistemas de control minero y fiscal, un aspecto clave para una provincia con un fuerte componente extractivo.

El programa, que tiene un plazo de ejecución de cinco años, apunta a consolidar el rol de Salta como nodo estratégico del Corredor Bioceánico, un proyecto regional que conecta el Atlántico con el Pacífico a través del norte argentino, Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil. Este corredor no solo busca mejorar la conectividad vial, sino también impulsar el comercio, el turismo y la integración regional, posicionando a Salta como un actor clave en el desarrollo económico del NOA.

Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de polémica. Diputados opositores, entre ellos Roque Cornejo, Sofía Sierra, José Gauffin, Soledad Farfán, Griselda Galleguillos y Juan Esteban Romero, votaron en contra y pidieron que el proyecto vuelva a comisión para un análisis más exhaustivo. “Queremos saber con precisión cómo se va a gastar cada peso. No podemos repetir errores del pasado”, expresó uno de los legisladores críticos durante la sesión, en referencia a experiencias como el Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario, tomados durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. Esos créditos, que endeudaron a la Provincia por cientos de millones de dólares, dejaron un saldo de obras inconclusas o directamente no iniciadas, generando desconfianza en sectores de la oposición.

La actual gestión, encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, ha destacado en varias ocasiones su esfuerzo por sanear las finanzas provinciales. Según datos oficiales, la deuda pública de Salta se redujo de 640 millones de dólares en 2019 a 372 millones en mayo de 2025, un logro que el oficialismo presentó como un aval de su capacidad para manejar este nuevo endeudamiento con responsabilidad. “Este crédito no es para gastos corrientes, sino para obras que van a transformar la provincia y mejorar la calidad de vida de los salteños”, aseguró la diputada Patricia Hucena en su intervención, defendiendo la iniciativa.

Entre las obras destacadas, la pavimentación de la Ruta Nacional 51 y la Ruta Provincial 24 es una prioridad para mejorar la conectividad en el interior de la provincia, especialmente en zonas rurales y productivas. El bypass de Campo Quijano, por su parte, busca descomprimir el tráfico en una de las áreas más transitadas del Valle de Lerma, mientras que la autopista a El Carril fortalecerá la integración del sur provincial con la capital. En la Puna, los proyectos de agua y saneamiento son una respuesta a demandas históricas de comunidades que enfrentan condiciones de extrema aridez y dificultades de acceso a servicios básicos.

 


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