La discusión por la regulación de la hoja de coca volvió a instalarse en el escenario político nacional y encontró respaldo entre representantes salteños en el Congreso. El proyecto que propone legalizar la importación, transporte y comercialización de hoja de coca para consumo tradicional comenzó a sumar apoyos y abrió nuevamente el debate sobre una práctica profundamente arraigada en el norte del país.
Entre quienes acompañan la iniciativa aparecen legisladores nacionales por Salta que consideran necesario actualizar la legislación vigente y adecuarla a una realidad social y cultural que, según sostienen, lleva décadas instalada en distintas provincias del NOA.
Uno de los apoyos más firmes fue el del diputado nacional Bernardo Biella, quien decidió sumarse como cofirmante de la propuesta legislativa impulsada por representantes jujeños. En tanto, el diputado Carlos Zapata también manifestó una posición favorable al tratamiento del tema, aunque planteó algunas reservas vinculadas a cuestiones jurídicas y compromisos internacionales que podrían influir en el avance del proyecto.
La iniciativa busca establecer un marco regulatorio para actividades vinculadas a la hoja de coca en estado natural. El esquema contempla la posibilidad de habilitar mecanismos legales para su importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización cuando el destino sea el coqueo o su utilización en infusiones.
Además, uno de los puntos centrales propone dejar sin efecto normativas que actualmente restringen estas actividades y modificar aspectos de la legislación vigente vinculada a sustancias prohibidas, con el objetivo de excluir a la hoja de coca utilizada con fines tradicionales o sociales.
La propuesta generó repercusión especialmente en provincias como Salta y Jujuy, donde el coqueo forma parte de prácticas culturales históricas y mantiene una fuerte presencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
En gran parte del territorio salteño, particularmente en zonas de puna, regiones andinas y sectores vinculados a actividades rurales o al transporte de larga distancia, el consumo de hoja de coca constituye una práctica tradicional transmitida de generación en generación.
Quienes apoyan la iniciativa sostienen que existe una contradicción normativa difícil de sostener: el consumo de hoja de coca para fines tradicionales no está prohibido, pero sí existen limitaciones sobre su importación, transporte y comercialización formal.
Desde esa mirada, el actual escenario favorecería circuitos informales de venta y situaciones que terminan desarrollándose fuera de los mecanismos legales y de control estatal.
El debate también incorpora aspectos culturales y sociales que atraviesan históricamente a las provincias del norte argentino. Para distintos sectores, el coqueo no puede analizarse únicamente desde una perspectiva vinculada a sustancias prohibidas, sino también como una práctica ancestral con fuerte arraigo regional.
La hoja de coca mantiene presencia cotidiana en múltiples ámbitos laborales y sociales. Trabajadores rurales, transportistas, personas que desarrollan tareas en zonas de altura y comunidades de distintas regiones del NOA forman parte de quienes sostienen esta tradición.
En ese contexto, algunos sectores consideran que avanzar en una regulación podría permitir un mayor control estatal sobre la actividad, reducir la informalidad y generar reglas claras para su comercialización.
Sin embargo, también aparecen posturas que llaman a analizar cuidadosamente las implicancias legales de una eventual modificación normativa. Uno de los puntos que genera atención es la existencia de acuerdos y convenios internacionales vinculados al tratamiento de la hoja de coca y sustancias derivadas, aspectos que podrían influir en el debate legislativo.
La discusión promete instalarse con fuerza en el Congreso durante los próximos meses y seguramente despertará posiciones diversas tanto dentro del ámbito político como entre especialistas, sectores productivos y comunidades del norte argentino.
En Salta, donde la hoja de coca forma parte de prácticas culturales profundamente arraigadas, el proyecto ya comenzó a generar repercusiones y abre una conversación que excede lo estrictamente legislativo para entrar en un terreno donde confluyen historia, identidad regional, costumbres y marcos normativos.
