El Gobierno nacional dejó oficialmente en vigencia la Ley de Presupuesto 2026, una de las herramientas centrales para la gestión económica del próximo año. La promulgación se realizó a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, dando cierre formal a un proceso legislativo que tuvo su sanción definitiva el pasado 26 de diciembre en el Senado de la Nación.
La norma fue aprobada en una sesión especial de la Cámara alta, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, tras haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados. De esta manera, el Ejecutivo nacional cuenta con un marco legal para la administración de los recursos públicos, en un contexto político y económico marcado por la búsqueda del equilibrio fiscal.
Uno de los datos más destacados del Presupuesto 2026 es la previsión de un resultado financiero positivo. Según lo establecido en el artículo 4° de la ley, el Gobierno proyecta un superávit de $226.469 millones, un número que contrasta con los déficits registrados en ejercicios anteriores y que se presenta como uno de los ejes del discurso económico de la actual gestión.
En cuanto al gasto total, la normativa contempla erogaciones corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones. Dentro de ese esquema, se observa una marcada concentración del gasto en el área de servicios sociales, que vuelve a ocupar el primer lugar en la asignación de fondos del Estado nacional.
De acuerdo al detalle del Presupuesto 2026, los servicios sociales concentrarán la mayor parte del gasto, con una asignación estimada en $106,5 billones. Este rubro incluye partidas vinculadas a educación, salud, asistencia social y políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables, áreas que mantienen un peso central dentro del esquema presupuestario.
En segundo lugar se ubica el servicio de la deuda pública, con $14,1 billones destinados al cumplimiento de obligaciones financieras, mientras que los servicios económicos concentrarán alrededor de $11,4 billones. Estos fondos están orientados a áreas como transporte, energía, producción y otras actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico.
En paralelo, el Presupuesto estima en $148.295 millones el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional, cifra que surge de la proyección de ingresos tributarios, aportes, contribuciones y otros recursos del Estado.
El respaldo político para la aprobación de la ley estuvo encabezado por el bloque oficialista de La Libertad Avanza, que contó con el acompañamiento del PRO y de otros espacios aliados. En contrapartida, el kirchnerismo votó en contra de la iniciativa, cuestionando tanto el enfoque general del Presupuesto como algunas de sus proyecciones económicas.
Otro de los puntos relevantes del texto es el establecimiento de restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional. La norma limita los nombramientos, aunque prevé excepciones para áreas consideradas críticas, como Salud, Seguridad y Defensa, donde se permitirá reforzar planteles si la situación lo requiere.
Entre las asignaciones específicas que detalla el Presupuesto 2026, se destacan los fondos destinados a las universidades nacionales. Para su funcionamiento, inversión y programas especiales se prevé una partida de $4,78 billones, en un contexto de fuerte debate público sobre el financiamiento del sistema universitario.
Asimismo, se asignan $11.290 millones al Fondo Nacional de Empleo, destinado a sostener programas bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y $15.843 millones al Fondo de Bosques Nativos, una herramienta clave para la protección ambiental y el desarrollo sostenible en distintas provincias, incluida Salta.
Junto con la promulgación del Presupuesto, el Gobierno nacional también oficializó la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones sustanciales en el Régimen Penal Tributario. La norma fue publicada en el mismo Boletín Oficial y apunta a actualizar montos que habían quedado desfasados por la inflación.
En términos generales, la Ley de Inocencia Fiscal eleva de manera significativa los pisos a partir de los cuales se considera que existe evasión impositiva. Por ejemplo, el monto de evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el umbral para la evasión agravada se incrementa de $15 millones a $1.000 millones.
La normativa también actualiza los valores que obligan a escribanos y entidades bancarias a informar determinadas transacciones al organismo recaudador, adecuándolos al contexto económico actual. En la misma línea, se eleva a $100 millones el monto a partir del cual la falsificación de facturas se considera delito penal.
Otro cambio relevante alcanza a los contribuyentes adheridos a beneficios fiscales: en estos casos, el piso de deuda para configurar delito se fija en $200 millones. Además, la ley incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal en determinados supuestos.
