La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas para el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida marcará la cuarta huelga nacional contra la actual administración y contará con la adhesión total de los gremios del transporte, un factor clave que anticipa un fuerte impacto en todo el país, incluida la provincia de Salta.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera tras una reunión de urgencia en la sede de la calle Azopardo. Con esta determinación, el sindicalismo deja atrás la etapa de negociaciones y endurece su postura frente a un proyecto que considera regresivo en materia de derechos laborales.
Uno de los puntos que terminó de inclinar la balanza fue la incorporación de un artículo que establece recortes salariales en casos de enfermedades o accidentes no laborales. Según el texto en discusión, los trabajadores podrían percibir solo el 50% de su salario durante licencias médicas —con posibilidad de elevarlo al 75% en determinadas situaciones— en lugar del 100% vigente hasta ahora.
Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la modificación al sostener que busca combatir irregularidades vinculadas a certificados médicos apócrifos. Sin embargo, en el ámbito sindical interpretaron el cambio como una quita directa de derechos adquiridos y una señal de endurecimiento del Gobierno en el plano laboral.
La huelga tendrá un elemento determinante: la paralización total del transporte público. La adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) garantiza que no circularán colectivos, trenes ni subtes durante la jornada de protesta. Para ciudades como Salta capital, donde miles de trabajadores dependen del transporte urbano para trasladarse a sus empleos, el impacto será inmediato.
En la provincia de Salta, donde el empleo público, el comercio y los servicios concentran gran parte de la actividad económica, un paro con transporte paralizado suele traducirse en una fuerte reducción de la actividad. Comercios con persianas a media asta, oficinas públicas con atención limitada y escuelas sin clases son escenas habituales en jornadas de este tipo.
A diferencia de otros paros nacionales, la conducción mayoritaria de la CGT optó por un “paro seco”, sin convocatoria central a una movilización masiva frente al Congreso. La estrategia apunta a demostrar capacidad de presión a través de la inactividad económica total, priorizando el efecto del cese de tareas por sobre la protesta callejera.
No obstante, sectores internos más combativos impulsan movilizaciones propias y no se descarta que haya concentraciones en distintos puntos del país. En Salta, históricamente los gremios estatales, docentes y organizaciones sociales suelen acompañar estas medidas con marchas en el centro de la ciudad, especialmente en Plaza 9 de Julio.
El trasfondo del conflicto es más amplio que un artículo puntual. La CGT sostiene que la reforma laboral implica un retroceso en garantías básicas y anticipó que, en caso de aprobarse, avanzará con presentaciones judiciales para cuestionar su constitucionalidad. En documentos internos, la central advierte que el proyecto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales y no respeta instancias de diálogo tripartito entre Estado, empleadores y trabajadores.
El clima social se recalienta en un contexto económico todavía atravesado por la inflación y la caída del consumo. En Salta, donde el impacto de la desaceleración económica ya se siente en sectores comerciales y pymes, un paro general agrega un nuevo factor de tensión. Muchos trabajadores manifiestan preocupación tanto por la pérdida de poder adquisitivo como por los cambios que puedan afectar sus condiciones laborales.
Para el Gobierno nacional, la reforma laboral es una pieza central de su programa económico, con el argumento de que busca modernizar el mercado de trabajo, reducir litigiosidad y promover la generación de empleo formal. Desde la vereda sindical, en cambio, sostienen que se trata de un ajuste que traslada costos a los trabajadores.
La confirmación del paro general abre un escenario de alta conflictividad política y social en la antesala del debate parlamentario. En Salta, gremios locales ya comenzaron a definir su modalidad de adhesión, mientras que el sector empresario observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos.
Si el proyecto avanza en Diputados, la pulseada podría trasladarse a los tribunales y prolongar la disputa en el tiempo. Por ahora, lo concreto es que el día del tratamiento legislativo habrá paro nacional, sin transporte y con fuerte impacto en la actividad económica.
La tensión entre el Gobierno y la central obrera vuelve a escalar en un año marcado por reformas estructurales y debates de fondo. En ese escenario, la provincia de Salta no quedará al margen: como cada vez que se paraliza el país, la vida cotidiana también se verá alterada en el norte argentino.
