El proyecto, presentado por el diputado Juan Esteban Romero, ya tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Salta y propone controles anuales con rinoscopia, sangre y orina.
Si un funcionario da positivo, los designados pierden el cargo de inmediato y los electos enfrentan suspensión o revocación del mandato. Los resultados quedan bajo llave y el Ministerio de Salud sería el encargado de aplicarlo en los tres poderes del Estado.
“Es una medida factible y, sobre todo, fundamental para dar el ejemplo”, enfatizó Esteban en diálogo con este medio. El médico legislador pintó un panorama crudo: Salta triplicó las internaciones por intoxicación en dos años y recibe más de 4.000 consultas mensuales por consumo problemático. “Duele verlo, pero cruza todas las clases sociales”, agregó.
El dato más alarmante es la baja en la edad de inicio. Hace un par de años, los primeros contactos con drogas aparecían entre los 15 y 18 años; hoy ya hay chicos de 8 a 10 años que probaron. “El alcohol lidera con el 90%, seguido por pasta base (85%), marihuana (60%) y cocaína (20%). También irrumpen las gomitas y el LSD, que dejan secuelas cognitivas graves”, detalló Esteban.
Para el diputado, la ley no persigue sino que previene. “No podemos combatir el narcotráfico si dentro del Estado alguien consume. Esto restaura la confianza ciudadana”, sostuvo. El texto alcanza a gobernadores, ministros, jueces, legisladores y hasta uniformados de la Policía de Salta, sin excepciones.
En un contexto donde los niveles de pasta base superan la media nacional, la iniciativa busca ser una señal política fuerte. “Los funcionarios tenemos que ser los primeros en someternos al control; es una cuestión de ética y de ejemplo para los más jóvenes”, insistió el presidente de la Comisión.
Con el debate recién abierto en la Legislatura salteña, el proyecto de narcotest obligatorio se perfila como una herramienta clave para enfrentar la crisis de adicciones que azota a la provincia. La sociedad espera que los representantes den el primer paso.
