La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó este jueves, en sesión ordinaria, la media sanción a la reforma de la Carta Municipal de la Capital, tras un profundo proceso de compatibilización legal que barrió con varios de los artículos clave redactados por la Convención Municipal.
La decisión legislativa encendió de inmediato el termómetro político local, abriendo un frente de conflicto institucional con el bloque de La Libertad Avanza (LLA), fuerza que detentaba la mayoría en el órgano convencional y que ya advirtió que recurrirá a la Justicia en defensa de la autonomía comunal.
El encargado de defender el dictamen en el recinto fue el senador por el departamento La Poma, Dani Nolasco, quien expuso los ejes de la armonización realizada por las comisiones parlamentarias. Nolasco fundamentó que la intervención de la Legislatura responde estrictamente a una obligación constitucional de revisar y compatibilizar las normativas locales con las Cartas Magna provincial y nacional, aclarando que el procedimiento aplicado no difiere del utilizado históricamente con los textos de los demás municipios salteños.
Lejos de tratarse de una intromisión partidaria, el legislador remarcó que las atribuciones del cuerpo provincial no pueden supeditarse a las mayorías circunstanciales de una convención. “Las normas constitucionales no cambian según quién gane la elección. No se puede ser riguroso con algunos municipios y complaciente con otros”, sentenció Nolasco en el recinto, recordando que el principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución Provincial no equivale a una declaración de soberanía absoluta ni exime a los municipios de respetar los límites de sus competencias.
Entre los puntos neurálgicos que motivaron la tijera legislativa se destacó la eliminación del requisito de contar con título secundario obligatorio para poder postularse como concejal en la Ciudad de Salta. Desde la perspectiva de la comisión evaluadora, dicho recaudo avanzaba sobre restricciones a los derechos políticos que exceden por completo las facultades conferidas al órgano municipal, configurando un exceso reglamentario que obligó a su exclusión del texto definitivo.
Del mismo modo, el Senado tachó las disposiciones introducidas sobre publicidad oficial, al considerar que tampoco formaban parte del objeto originario habilitado para la reforma. El filtro normativo también alcanzó a los artículos proyectados por la Convención que alteraban la duración de los mandatos y aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Faltas, además de modificaciones atinentes al Defensor del Pueblo, derechos de los consumidores, servicios públicos y simbología comunal.
La respuesta de la oposición libertaria no tardó en hacerse escuchar en el recinto de la mano del senador por la Capital, Roque Cornejo. El representante de La Libertad Avanza cruzó duramente al oficialismo provincial al sostener que la Legislatura avasalló de manera deliberada la voluntad popular expresada en las urnas, calificando el trabajo de armonización como un procedimiento con claros tintes políticos que debilita el espíritu de autonomía municipal.
Pese a los cuestionamientos y a la sombra latente de una presentación judicial por parte de los convencionales libertarios, Nolasco restó dramatismo a la vía judicial y la enmarcó dentro del funcionamiento republicano normal. El senador ratificó que la comisión no rechazó la reforma ni confeccionó un proyecto propio, sino que se limitó a sanear aquellos puntos jurídicamente incompatibles con el ordenamiento superior vigente en la provincia.
Con el paso de los votos en la Cámara alta, el expediente legislativo ahora continuará su derrotero institucional y girará a la Cámara de Diputados para su revisión definitiva. Mientras tanto, el debate por los límites del poder municipal y el alcance de las autonomías locales promete seguir escalando en el tablero político salteño.
