En enero de 2015, siendo intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone fue noticia nacional luego de que se conocieran fotografías en las que se lo vio semidesnudo junto a menores de edad, en una fiesta privada que compartió con allegados y adolescentes en una de sus fincas.
Por el escándalo, que sacudió a la sociedad, el entonces jefe comunal terminó destituido y condenado el 17 de febrero de 2017 como coautor penalmente responsable del delito de corrupción de menores junto a dos remiseros: Manuel Santiago Amador y Eliseo Elías Valdez.
A Mazzone, sin embargo, no le fue nada mal en los tribunales salteños, porque los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Federico Armiñana y Martín Pérez, le dieron una pena de solo tres años de prisión de ejecución condicional y sin inhabilitación especial, de modo que mantuvo su libertad y aspiraciones de volver a ejercer cargos en la función pública.
El 17 de septiembre de 2019, la Sala III del Tribunal de Impugnación, Rubén Arias Nallar y Eduardo Barrionuevo, confirmaron la sentencia tras rechazar recursos que habían interpuesto las defensas y la fiscalía interviniente. Sobre la apelación del órgano acusador, que había objetado el monto de la pena impuesta, los jueces Rubén Arias Nallar y Eduardo Barrionuevo interpretaron que agravar la conducta de los imputados en base a la valoración realizada por la fiscal María Luján Sodero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, hubiera atentado contra las disposiciones procesales y constitucionales.
Con todos estos antecedentes detrás, "Chicho" Mazzone se presentó como candidato a intendente de El Bordo, por la agrupación municipal "Con esfuerzo se puede", para las elecciones del próximo 14 de mayo. Su resurgimiento en la arena política generó un gran revuelo y puso nuevamente al desplazado exjefe comunal en las primeras planas de la prensa local y nacional, porque el Tribunal Electoral de la Provincia acaba de rechazar impugnaciones que se presentaron contra su postulación y habilitó, sin más trámite, su cuestionada candidatura.
El primero en impugnar su postulación fue el abogado Guillermo Iván Aguirre Cabana, quien además de recordar la existencia de la condena confirmada por corrupción de menores hizo notar que el candidato, cuando fue diputado provincial también "efectuó una extensa reivindicación del trabajo infantil".
El letrado fundó su presentación en la Constitución Provincial y en la Ley 8275, de ficha limpia, que rige en Salta desde el 5 de noviembre de 2021.
A través de la citada norma se estableció que "no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena" por delitos cometidos en contra de la Administración Pública, la integridad sexual y la libertad de las personas, entre otros. En base a la misma ley también objetó la candidatura Magdalena Esperanza Rodríguez, quien la formalizó con el patrocinio del abogado Pablo Del Pino. La ciudadana sostuvo que, a su entender, no se debería permitir que un condenado en segunda instancia sea candidato, "sin importar el tiempo transcurrido desde la sentencia".
Rodríguez afirmó que postulaciones como la de Mazzone contradicen las obligaciones asumidas por los Estados en la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El Tribunal Electoral de la Provincia, a través de la resolución 272, rechazó los cuestionamientos y dejó habilitada la candidatura de Mazzone. El fallo fue firmado por la presidenta del Tribunal, Teresa Ovejero; el vicepresidente, Fabián Vittar, y las vocales Sandra Bonari, María Isabel Romero Lorenzo y María Edith Rodríguez.
