En un clima político cargado de tensiones, el diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, vuelve a quedar en el centro de la escena. Su reciente decisión de postularse al Senado de la Nación no solo agita el tablero electoral del peronismo local, sino que también genera fuertes cuestionamientos por las causas judiciales que lo rodean. La acusación que pesa sobre él es grave: habría sido el cerebro detrás de una estructura digital dedicada a difundir noticias falsas y desprestigiar a rivales políticos y empresarios locales a través de redes sociales.
El legislador, integrante del bloque de Unión por la Patria, todavía no fue imputado formalmente, pero su nombre aparece repetidamente en la causa que investiga el funcionamiento de una presunta “usina de fake news”. Según el expediente judicial, la maniobra tenía como fin moldear la opinión pública a favor de determinados sectores políticos y económicos, a través de contenidos falsos y perfiles truchos en redes sociales, manejados desde oficinas vinculadas al Congreso.
Dos ex colaboradores de Estrada ya fueron condenados por intimidación pública, luego de aceptar su participación en la difusión coordinada de estos mensajes engañosos. Ambos formaban parte de su equipo de trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que la operación fue diseñada desde su entorno más cercano.
La postulación de Estrada al Senado, lejos de apaciguar las aguas, reavivó las sospechas de un sector importante de la dirigencia política salteña. Para muchos, su candidatura no busca competir en condiciones transparentes, sino blindarse judicialmente al asegurar la continuidad de sus fueros parlamentarios. El Senado, como cámara alta, otorga un mayor grado de inmunidad, y su acceso podría significar un freno definitivo a la investigación en curso.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa su marcha, aunque no sin tropiezos. La causa, que pasó del ámbito provincial al fuero federal, provocó una disputa de competencias entre jueces salteños y tribunales nacionales. La diferencia clave radica en cómo se interpreta la naturaleza del delito: si es un hecho de alcance local o si, como sospechan algunos fiscales, se trata de una maniobra que involucra recursos del Estado nacional y por tanto debe ser investigada a nivel federal.
En los pasillos de la política salteña, la decisión de impulsar la candidatura de Estrada no sorprendió. Fuentes internas del PJ provincial reconocen que el armado de listas fue supervisado por sectores del kirchnerismo que aún conservan poder, a pesar del desgaste de los últimos años. En ese contexto, la figura de Estrada fue vista como “rescatable”, no solo por su peso político sino por la conveniencia de protegerlo ante una posible avanzada judicial.
Aunque desde su entorno niegan rotundamente las acusaciones, lo cierto es que el diputado mantiene un perfil bajo y evita dar declaraciones sobre el tema. Sus voceros insisten en que se trata de una campaña de desprestigio impulsada por sectores opositores, pero los documentos judiciales y las condenas ya dictadas indican otra cosa. Hay pruebas de que varios perfiles en redes sociales operaban con recursos y dispositivos asignados a su despacho en el Congreso.
La situación genera malestar también dentro de las filas del justicialismo salteño. Algunos dirigentes de peso consideran que el respaldo a Estrada podría debilitar aún más la imagen del partido, especialmente en un año electoral donde la confianza del electorado está en juego. “No es momento para cargar con mochilas ajenas”, deslizan en privado quienes ven con preocupación que el escándalo pueda arrastrar a toda la lista oficialista.
En la calle, el tema no pasa desapercibido. Los salteños siguen de cerca el escándalo, especialmente por el impacto que tuvo la difusión de noticias falsas en campañas anteriores. Algunos empresarios aseguran haber sido víctimas directas de ataques digitales que afectaron su reputación, mientras que referentes políticos señalan que las operaciones en redes sociales minaron el debate público con mensajes maliciosos y desinformación.
En ese contexto, el salto de Estrada al Senado no se interpreta como una simple movida electoral. Para muchos, es una jugada defensiva, pensada estratégicamente para mantenerse a salvo de cualquier citación judicial. La inmunidad que otorga una banca en la Cámara alta no es un detalle menor en este escenario, y su búsqueda parece responder más a la necesidad de protección que a una ambición legislativa genuina.
Falta aún camino por recorrer antes de que se definan las candidaturas de forma oficial, pero todo indica que el peronismo local ya cerró filas en torno a Estrada. La incógnita es cómo reaccionará la ciudadanía ante una figura envuelta en denuncias de este calibre. Con el descrédito político en aumento y la desconfianza en las instituciones al límite, no son pocos los que ven esta candidatura como una provocación más que como una propuesta seria.
Lo cierto es que Salta atraviesa un momento clave, donde la política y la justicia se cruzan de forma peligrosa. El caso Estrada se ha convertido en un símbolo de esa tensión, y su desenlace podría marcar un antes y un después en la forma en que se entienden los límites del poder y la responsabilidad institucional.
Habrá que ver si la estrategia le resulta al diputado, o si el electorado salteño decide tomar nota y pasarle factura en las urnas.
