Aguas Blancas, un municipio con menos de 4.000 habitantes, irá a las urnas el domingo con un padrón de casi 6.000 electores. Detrás de la incongruencia, habría miles de DNI argentinos que se entregaron irregularmente a ciudadanos bolivianos, desde 2011, no solo en Aguas Blancas, sino también en otros municipios fronterizos como Salvador Mazza y Los Toldos.
"Vamos a armar un operativo el fin de semana", anunció el lunes último la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de que un programa televisivo de la Nación + se hiciera eco de las irregularidades que la directora nacional de Vigilancia de Fronteras, Virginia Cornejo, denunció hace siete meses en el padrón electoral de Aguas Blancas. De esa presentación, El Tribuno dio cuenta el 23 de octubre de 2024 y en ediciones posteriores.
De hecho, las anomalías detectadas en el padrón electoral de Aguas Blancas fueron el fundamento central que esgrimió el Ejecutivo provincial ante la Legislatura para que la intervención de Aguas Blancas fuera extendida por ley hasta el 10 de diciembre de 2027. De esa forma, la elección del sucesor de Carlos Martínez, intendente destituido en septiembre de 2024 por obstruir la investigación del asesinato narco de su hermano, César Martínez, fue postergada. De todos modos, el domingo, el electorado de Aguas Blancas votará por las tres bancas oranenses que se renovarán en la Cámara de Diputados.
El despliegue de fuerzas federales que anunció Bullrich para evitar que sufragantes irregulares ingresen desde Bolivia a Aguas Blancas, podría extenderse también a otros municipios fronterizos, donde en los últimos años se denunciaron insistentemente masivos fraudes documentales y eleccionarios, además de percepciones irregulares de planes sociales, asignaciones familiares y beneficios previsionales.
Días atrás el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió que el domingo "un porcentaje significativo de votantes extranjeros" podría "alterar el resultado electoral". Zigarán alertó que al otro lado de la frontera se estaría pagando a ciudadanos bolivianos "entre 50 y 100 dólares por votar".
De acuerdo con los últimos censos, la población de Aguas Blancas, trepó de 2.395 a 3.648 habitantes entre 2010 y 2022. Su padrón, sin embargo, tiene 5.692 electores habilitados en 17 mesas. Frente a las irregularidades que brillan en los padrones electorales de municipios fronterizos es necesario retrotraerse hasta marzo de 2011, cuando el gobierno nacional prorrogó con el decreto 278/11 una amnistía que facilitó la inscripción de nacimientos de niños de hasta 12 años. Ante una gestión del gobierno de Salta, se incluyó también a personas mayores que acreditaran pertenencia a comunidades originarias con dos testigos ante cualquier sede policial y con el aval de caciques. Esa medida, acompañada con una reglamentación provincial, se prestó a un aluvión de registros de nacimientos irregulares con sucesivas prórrogas anuales. Así, miles de ciudadanos bolivianos accedieron a DNI argentinos simulando ser indígenas indocumentados del norte salteño, con responsabilidades de autoridades políticas, agentes policiales, funcionarios del Registro Civil, avales cómplices de caciques de distintas etnias y vistas gordas en la Justicia.
"Hay un porcentaje significativo de votantes extranjeros que pueden alterar el resultado electoral en Aguas Blancas" (Zigarán)
En octubre de 2024, Virginia Cornejo pidió a la Justicia Federal de Salta la apertura de una investigación con foco en las irregularidades detectadas en el padrón electoral de Aguas Blancas. Una de sus arterias, 20 de Febrero, tiene solo cinco cuadras con viviendas, baldíos y galpones. Sin embargo, según el padrón, en calle "20 de Febrero S/N)" tendrían sus domicilios 603 de votantes. Lo propio ocurre con otros cientos de sufragantes con domicilio consignado en "25 de Mayo S/N" o directamente en "Aguas Blancas S/N". La investigación de estas irregularidades está a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos.
En Salvador Mazza
Una semana antes de los comicios de octubre de 2011, un comisario de Salvador Mazza, Miguel Osvaldo Sosa, advirtió que en su propio domicilio, según el padrón electoral, residían 20 votantes bolivianos. Su denuncia, que nunca fue investigada, también expuso que en San José de Pocitos se pagaban los votos de 4.000 ciudadanos de Bolivia empadronados para sufragar en municipios fronterizos de Salta.
Fuente El Tribuno
