Las obras que se ejecutaron en la ruta provincial 54, con obras básicas y pavimento desde Campo Durán hasta Santa Victoria y enripiado de esa localidad de Rivadavia hasta Misión La Paz, resalta como un proyecto emblemático, tanto por su elevado monto de contratación, como por posteriores registraciones.
El informe de Auditoría advierte que la afectación del gasto en la cuenta de esas obras "no relevó en 2012 información veraz, ya que no representó en su totalidad avance físico, sino el pago de un anticipo financiero, por lo que se encontraba sobrevaluada en $ 36.164.334,92" a valores de entonces. Como se recordará, en mayo de 2012 la entonces senadora Silvina Vargas denunció en el recinto de la Cámara alta que ese proyecto vial se contrató con las empresas Ingeniero Medina, Vicente Moncho y Noroeste Construcciones por poco menos de $525 millones y un presunto sobreprecio del 90%, tras una licitación que se denunció direccionada.
Ese mismo mes, la Auditoría General de la Provincia desestimó un pedido de intervención elevado por legisladores, aclarando que ese organismo de control externo solo actuaba con posteridad a actos y procesos consumados. Es, justamente, lo que acaba de hacer la AGP, con bastante demora.
La resolución conjunta que firmaron los auditores generales Marcos Segura Alsogaray y Gustavo Ferraris, como presidente del órgano de control externo de la Provincia, tiene mucha tela para cortar, pero en lo sustancial describe en sus 68 carillas contrataciones, pagos, registros en los que traslucen serias anomalías e irregularidades registrales para investigar y esclarecer en la Justicia.
Otro caso concreto -entre los tantos descriptos en el informe, es el de la obra de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de Pichanal. El primero de marzo de 2013, Cosaysa (Aguas del Norte) pagó por cuenta y orden de la Provincia $5.339.501 (equivalentes entonces a poco más de un millón de dólares) en concepto de adelanto financiero a la contratista Mega SRL. El curso de acción de la obra se registró, recién el 31 de diciembre de ese año (es decir diez meses después), pero además como "pagado al proveedor Cosaysa".
Obras no terminadas
Se comprobó que las 176 obras programadas con el FRH e incluidas en el universo auditado, solo 84 (menos de la mitad) se finalizaron, mientras que las 92 (el 52%) no se terminaron con los recursos contraídos con el endeudamiento internacional de cerca de 200 millones de dólares que sigue pagando la Provincia, con el agregado de intereses.
Fondos desvanecidos
De los cerca de 1.100 millones de pesos asignados a los 176 proyectos de infraestructura, solo $251 millones se tradujeron en obras terminadas con el financiamiento del Fondo, mientras que otros $796 millones se insumieron en obras inconclusas. Desde esa óptica, solo el 24% de los fondos se volcó en proyectos concluidos, mientras que 76% se diluyó en obras que terminaron paralizadas, truncas y en muchos casos con los contratos rescindidos.
En cuanto a la verificación del cumplimiento de plazos, la aplicación de multas y el impacto en los costos, organismos involucrados en las cinco unidades ejecutivas del FRH fueron remisos a suministrar la información requerida por el equipo de auditores. Detrás de ese comportamiento también hay responsabilidades por aclararse.
En relación con esos expedientes, a modo de ejemplo, se describieron los casos de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de San Ramón de la Nueva Orán y el recambio de redes (colectora máxima). Ambas obras incluidas en el FRH se contrataron con la empresa Constructora Norte, con Cosaysa como unidad ejecutora. El contrato se firmó el 12 de noviembre de 2014 por un monto original de $37.139.324 (equivalentes en ese momento a 4.369.332 dólares). La obra nunca se inició por falta de expropiación del terreno. No obstante, el 11 de diciembre de ese año se le pagó a la empresa un anticipo financiero por un monto equivalente a más de un millón de dólares. La expropiación se llevó adelante el 4 de julio de 2017 y el primer certificado de obra se emitió recién el 3 de mayo de 2018, es decir 1.221 días (aproximadamente 3 años y 4 meses) después . La obra de la nueva planta -aunque se la anunció como iniciada en 2018, sigue brillando por su ausencia.
Por el recambio de redes cloacales de esa ciudad norteña, el 29 de diciembre de 2014 se pagó a Constructora Norte un anticipo financiero por un valor equivalente a 293.178 dólares. Sin embargo, el primer certificado de obra se registró recién el 16 de mayo de 2019, o sea 1.599 días (casi 4 años y 4 meses) después.
En Rivadavia
La primera etapa de redes cloacales y plantas de tratamiento programadas para Rivadavia Banda Norte y La Unión fue adjudicada a través de Cosaysa a la empresa Eco Suelo. El 14 de mayo de 2014 se le pagó a esa contratista un anticipo financiero equivalente a 248.335 dólares. El primer certificado de obra se registró recién el 07 de septiembre de 2016, es decir 847 días (aproximadamentei 2 años y 4 meses) después. Por si fuera poco más tarde fueron relicitadas con el Plan Bicentenario, otro endeudamiento internacional de 350 millones de dólares, e incluidas con posterioridad en un plan nacional de hábitat.
En obras gestionadas por la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, la mayor brecha de inmovilización y dispendio de recursos se detectó en la obra de un gasoducto, estación reductora de presión y red domiciliaria de gas adjudicada a la empresa Mega en el norte provincial. El 19 de noviembre de 2013 se pagó a esa contratista un anticipo financiero por un monto equivalente a 171.616 dólares, pero la primera certificación de obra se registró recién el 26 de mayo de 2015, o sea 553 días después.
En San Martín
Por la construcción de nueva toma de aducción del embalse El Limón y la ampliación de la planta potabilizadora del dique Itiyuro, se pagó a la empresa Garín un anticipo financiero equivalente a 2.272.415 dólares, con una demora de 247 días en el inicio de obras.
Por la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de Pichanal, se hizo efectivo un anticipo financiero equivalente a 1.057.326 dólares. La primera certificación de obras de registró 601 días después.
Por el acceso urbano de avenida Güemes (Pichanal), se pagó un anticipo financiero equivalente a 512.333 dólares, con el primer certificado de obras presentado medio año después.
Millonarios anticipos pagados por obras no ejecutadas
En la resolución conjunta de la Auditoría quedaron expuestas nueve obras del Fondo de Reparación por las que se pagaron millonarios anticipos financieros y no tuvieron ejecución alguna con los recursos de ese programa.
Por las obras del centro de salud contratadas en el barrio Taranto de la ciudad de Orán se pagó el 2 de agosto de 2013 un anticipo financiero equivalente a 54.054 dólares. La unidad ejecutora era la Secretaría de Asuntos Municipales de la Provincia.
En las obras de la planta depuradora de líquidos cloacales de Hipólito Yrigoyen, con un.anticipo equivalente a 300.399 dólares pagado el 31 de diciembre de 2013. La unidad ejecutora estuvo a cargo de Cosaysa.
Por los pozos de bombeo contratados por Cosaysa en la zona de Solazuty (Orán) se pagó un anticipo financiero equivalente a 71.280 dólares el 31 de diciembre de 2013.
En la misma jurisdicción norteña, por la refuncionalización del Complejo Nicolas Vujovich, contratada a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, el 3 de marzo de 2014 se pagó un anticipo financiero equivalente a 76.243 dólares.
Por la construcción de redes cloacales domiciliarías y colectora de Rivadavia Banda Norte, obra que también tenía como unidad ejecutora a Cosaysa, se pagó el 2 de julio de 2014 un anticipo financiero equivalente a 110.163 dólares.
Mientras los millonarios anticipos pagados a contratista por obras no ejecutadas se reintegraron a la Provincia meses e incluso años después a su valor histórico, las redeterminaciones de precios a empresas se ajustaron a la inflación.
Por la terminal de ómnibus de General Mosconi se pagó el 2 de agosto de 2014 un anticipo de 136.593 dólares.
Por el reemplazo y ampliación de redes cloacales de Salvador Mazza, el 26 de octubre de 2015 se pagó un anticipo financiero de 63.559 dólares. Informe de la Auditoría: sin ejecución. Por el reemplazo de redes de agua en esa localidad, el 28 de octubre de 2015 se pagó un anticipo equivalente a 19.903 dólares.
Por canales de desagües en Tartagal se pagó el 17 de marzo de 2016 un anticipo equivalente a 61.184 dólares. En todas las obras citadas no se certificó ejecución alguna.
Registros anómalos
En otro conjunto de obras los pagos quedaron registrados sin variaciones respecto de los montos originales de contratación. Lejos de considerarse una normalidad, frente a la alta inflación acumulada, esa singularidad fue señalada como indicio de registraciones irregulares.
Ocho obras incluidas en el FRH y con presupuestos asignados en la ley 7.691, con la que se creó dicho Fondo en noviembre de 2011, se financiaron con fuentes distintas. Ellas fueron la optimización del servicio de agua del barrio Sector 5 de Salvador Mazza (con $2.000.000 asignados en la citada ley), la construcción del nuevo colegio secundario de Padre Lozano ($3.300.000), la construcción de la pasarela peatonal sobre la ruta 34 en Embarcación ($750.000), los desagües pluviales en la ciudad de Orán, primera etapa ($10.000.000), el puesto sanitario de la localidad oranense de San Andrés ($750.000), la construcción del Instituto de Arte y Cultura de Tartagal ($10.000.000), una ampliación de redes cloacales en Pichanal ($5.000.000), la red cloacal del barrio Las Palmeras y La Misión en Colonia Santa Rosa ($1.700.000). En suma representaron 33,5 millones de pesos, equivalentes entonces a 7,8 millones de dólares, más de $11.000 millones al cambio oficial de estos días.
Funcionarios responsables del FRH
Por si la deplorable gestión de los recursos del FRH no tuviera infinidad de anomalías, registros irregulares y opacidad en controles como para investigar las responsabilidades de los funcionarios que se sucedieron en las cinco unidades ejecutoras y la Unidad Coodinadora -a cargo de Rodolfo Urtubey y después de Juan Carlos Galarza, con el hermano del entonces gobernador en el Senado de la Nación, el reintegro a la Provincia de los anticipos pagados por obras no ejecutadas fue una obscenidad: fueron devueltos a su valor histórico.
Fuente El Tribuno
