El Gobierno de Javier Milei atraviesa uno de los momentos más delicados desde su asunción, tras la aparición de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos cobros de coimas vinculados a contrataciones con una droguería privada. El impacto fue inmediato: la oposición tomó el tema como bandera y los principales programas políticos del país instalaron el debate en la agenda nacional.
Frente a ese escenario, la Casa Rosada resolvió dar una respuesta organizada y eligió a dos de los nombres con mayor peso dentro de La Libertad Avanza: Eduardo “Lule” Menem y su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La decisión se tomó durante el último tramo del domingo, cuando un pequeño grupo de funcionarios, con la supervisión directa de Javier Milei y su hermana Karina, definió la estrategia comunicacional para enfrentar la crisis.
Lule Menem, hasta ahora un funcionario de bajo perfil que ocupa la Secretaría de Gestión Institucional, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que negó cualquier participación en maniobras irregulares. Aclaró que no tiene capacidad técnica para confirmar la autenticidad de los audios, pero remarcó que jamás intervino en contrataciones de la ANDIS ni recibió información sobre posibles hechos de corrupción. Rechazó, además, la acusación de haber promovido a un funcionario para implementar un esquema de coimas, como se desprende de las declaraciones de Spagnuolo.
Su mensaje, compartido en X (ex Twitter), fue la primera declaración pública desde que asumió en el cargo nacional. El posteo rápidamente se multiplicó a través de retuits de referentes libertarios y cosechó comentarios de legisladoras del espacio, aunque no recibió mensajes directos de la cúpula presidencial. Según admiten en su entorno, la carta fue una excepción y no se espera que vuelva a exponerse en público, salvo que la situación lo amerite.
La segunda jugada oficial estuvo a cargo de Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados dio una entrevista televisiva en la que defendió con fuerza a su primo y a Karina Milei, repitiendo varias veces que pondría “las manos en el fuego” por ellos. Planteó que la Justicia será la encargada de determinar si los audios son reales, y calificó la filtración como una “monumental operación política” en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Detrás de estas intervenciones existe una mesa chica no institucionalizada, integrada por asesores de comunicación, funcionarios técnicos y voceros del Gobierno. Entre ellos se destacan el asesor Santiago Caputo y el portavoz presidencial Manuel Adorni. Allí se delinean los pasos a seguir para controlar los daños de una crisis que, admiten incluso dentro del oficialismo, es la más grave en lo que va de la gestión libertaria.
La estrategia apunta a dos frentes: por un lado, transmitir un mensaje de respaldo interno a los funcionarios señalados y, por el otro, trasladar la discusión al terreno judicial para restarle combustible mediático. La orden es clara: no sobreactuar la defensa, pero tampoco dejar vacíos de comunicación que puedan ser aprovechados por la oposición.
Mientras tanto, el escándalo sigue generando repercusiones. Los audios de Spagnuolo circularon con fuerza durante todo el fin de semana y dominaron la conversación política en redes sociales y en los principales medios de la Argentina. La filtración no solo compromete a figuras nacionales, sino que también reaviva los debates sobre la transparencia en las contrataciones estatales, un tema que resuena con fuerza en provincias como Salta, donde cada escándalo en Buenos Aires se siente amplificado por el impacto que puede tener en la relación Nación–interior.
En este contexto, la estrategia del Gobierno se juega en un delicado equilibrio. Javier Milei y Karina prefirieron mantenerse en silencio, mientras los Menem asumieron la exposición pública. Cerca del Presidente insisten en que no habrá cambios en el gabinete y que todo quedará en manos de la Justicia. Sin embargo, reconocen que el costo político es inevitable y que la oposición no dejará pasar la oportunidad de explotar un caso que combina corrupción, audios filtrados y una interna libertaria.
Con la campaña en marcha y el oficialismo buscando consolidar su base de apoyo en el interior del país, el escándalo de la ANDIS llega en un momento clave. Los próximos días serán determinantes para medir hasta dónde puede escalar la polémica y si la estrategia diseñada en Casa Rosada logra contener el impacto.
Por ahora, el mensaje que se repite en los pasillos oficiales es uno solo: negar cualquier irregularidad y resistir la presión mediática hasta que la Justicia se expida. Pero en un Gobierno que hizo de la transparencia una de sus banderas, el desafío será demostrar que la palabra alcanza frente a la desconfianza social.
