Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que ejecute sin demoras la subasta de los bienes embargados a Cristina Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad, por un monto actualizado de $684.990 millones.
En el escrito presentado, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que ya transcurrieron más de cuatro meses desde que la sentencia quedó firme y que aún no se ha concretado la ejecución del decomiso, lo que representa un retraso significativo en el cumplimiento de la orden judicial.
Luciani y Mola remarcaron que los condenados, entre los que figuran Cristina Kirchner y Lázaro Báez, no depositaron ningún pago y sostuvieron que la resistencia a devolver al Estado los fondos defraudados constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley.
Los fiscales solicitaron que la ejecución sobre los bienes embargados se realice de inmediato, según lo previsto en el artículo 23 del Código Penal, hasta cubrir la totalidad del perjuicio económico. “El cumplimiento total de la sentencia no puede depender de la buena voluntad de los condenados. El incumplimiento obliga al Estado a utilizar todos los medios compulsivos que la ley establece”, indicaron.
Además, recordaron que la sentencia firme permite vincular al decomiso todas las incorporaciones patrimoniales que se produjeron entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que, según el fallo, se ejecutó la defraudación a través de 51 licitaciones viales en Santa Cruz.
“El tribunal se encuentra ante un mandato claro: cumplir y hacer cumplir su propio fallo. Se trata de una orden de decomiso firme que debe ejecutarse sin más demoras”, concluyeron los fiscales en su presentación.
La solicitud de Luciani y Mola busca que se agilice el proceso de subasta de los bienes embargados, con el objetivo de que el Estado recupere los fondos sustraídos mediante la maniobra de corrupción que la justicia consideró probada.
El planteo refuerza la postura del Ministerio Público Fiscal sobre la necesidad de aplicar medidas compulsivas frente a la negativa de los condenados de acatar la sentencia, marcando un nuevo capítulo en la ejecución de uno de los casos de corrupción más resonantes del país.
