Hace pocos días, acorralado por las graves denuncias a raíz del estado financiero con el que quedó la Municipalidad de Tartagal durante su paso como intendente, a punto tal que por un pasivo superior a los 350 millones, el Banco Central le retiro a la Comuna la calificación crediticia mínima para un auxilio financiero a principio de año.
La situación se agravó luego de la denuncia del actual secretario de Gobierno Municipal, Ernesto Restom, dando a conocer que la gestión de Mimessi borró documentación de gastos desde diciembre de 2019 hasta fines de junio de 2021, período coincidente con los aportes extraordinarios en tiempos de pandemia.
Asolado por ese y otros escándalos como la denuncia de una vecina a cuyo nombre se cobraban sueldos y jornales en la orbita municipal durante la gestión “radical-saencista”, (por un hecho similar el exintendente de Rosario de la Frontera fue imputado), Mario Mimessi publicó en redes sociales que recibió “la aprobación del informe de transición de mi gestión como intendente de Tartagal 2019-2023”, acompañando el anuncio con una foto junto a la integrante del Colegio de Auditores, Elsa Pereyra Maidana.
La torpeza característica de Mimessi llevó a que, a las pocas horas, la auditora haya aclarado públicamente que el informe exhibido por el actual ministro de Desarrollo Social, no implica en ningún caso una aprobación de su gestión.
En una radio oficialista, Pereyra Maidana explicó “tajantemente que la Auditoria no tiene competencia para aprobar administraciones municipales, y el documento que se le acreditó es un Informe de Transición y no el del Ejercicio 2019-2023”.
“La auditoría no aprueba gestiones. No es su facultad ni juzgar a los funcionarios ni establecer si hubo delitos, solo se aprobó un informe de relevamiento para la transición municipal que tiene como finalidad contribuir para que se realice una transición ordenada”, subrayó la Auditora.
Como se observa, las maniobras de vuelo gallináceo ensayadas por Mimessi, tienen corto alcance y se estrolan rápidamente, por fuera de ello, es muy interesante tener en cuenta como procede la Auditoria General de la Provincia, cuando el “improlijo” es un oficialista como Mimessi, y cómo actúa cuando no lo es, tal como sucedió con el exintedente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, a quien el exauditor, Mariano San Millán, denuncio tras un informe negativo. La calidad institucional sigue siendo materia pendiente en Salta.
Fuente OPINORTE
